Tarek William Saab: “En el caso de Rocío San Miguel no hubo desaparición forzada”

  • Informes previos sobre la situación de DD.HH. en Venezuela revelan la práctica de la “desaparición forzosa de corta duración” es parte de los mecanismos de represión empleados en el país. Dentro de esta modalidad se identifican características como: detención arbitraria, negación del paradero por las autoridades y retraso de la fecha oficial de detención
  • El equipo de abogados de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, insisten en que su detención califica como una desaparición forzada, debido a que durante varios días persistieron elementos como la falta de información sobre la orden de aprehensión, el órgano policial que la ejecutó y el lugar de reclusión
  • Hay opacidad informativa en las declaraciones públicas del fiscal sobre el caso, desde que se reconoció la detención hasta la rueda de prensa del 14 de febrero de 2024, donde rechazó la acusación de “desaparición forzosa”

Por Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News

El miércoles 14 de febrero de 2024, Tarek William Saab, fiscal general de la República de Venezuela, aseguró que en el caso de la detención de Rocío San Miguel, abogada y activista de derechos humanos, “no hubo desaparición forzada” y que se han respetado los lapsos legales correspondientes del proceso, “apegados a los derechos humanos y garantías constitucionales”.

Durante la rueda de prensa realizada en la sede del Ministerio Público, cuya grabación se encuentra disponible en el canal YouTube de Luigino Bracci Roa desde Venezuela, el fiscal explicó que “una desaparición forzada es el secuestro de una persona que no aparece como detenida, que no es presentada en un tribunal y termina desaparecida porque la asesinan”. 

Saab también indicó que la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue presentada el día lunes 12 de febrero, “dentro de los lapsos legales correspondientes”, aunque no precisó detalles como la fecha, hora y lugar exacto de la detención. Igualmente denunció una supuesta campaña de desprestigio contra el Poder Judicial de Venezuela y anunció que podía considerarse delito sostener que en el país había desapariciones forzadas.

El equipo de Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) fijaron su lupa en la afirmación: “no hubo desaparición forzada en la detención de Rocío San Miguel”, expresada por el fiscal general. 

Tras el análisis del discurso público se determinó que se trata de una mentira, debido a que las declaraciones oficiales están inmersas en un contexto de confusión y opacidad informativa al cual se suman los informes recientes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, las declaraciones de especialistas en el tema y juristas que aducen que el caso de San Miguel presenta características similares a una “desaparición forzada de corta duración”, una práctica que ha sido identificada como parte de los “mecanismos de represión” utilizados en Venezuela.


La alerta y confirmación de la detención

Fuentes cercanas a la activista denunciaron que San Miguel “fue detenida el viernes 9 de febrero cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar”, según una información que divulgó Miguel Henrique Otero en su perfil de X (antes Twitter) el día sábado 10 de febrero, a las 10:00 de la noche.

El post incluyó un enlace al portal web del diario El Nacional. Hasta ese momento no había reportes oficiales de las autoridades, ni información sobre su paradero y se iniciaron los pronunciamientos en redes sociales de parte las ONG defensoras de derechos humanos como Justicia, Encuentro, Perdón y Paz y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

La primera publicación de Provea, realizada el sábado 10 de febrero a las 11:12 de la noche, presentó el caso como “presunta detención” pero 23 minutos más tarde confirmaron la detención en un nuevo posteo en X

El domingo 11 de febrero estaba posicionada la etiqueta  #DóndeEstáRocío y ese día, a las 5:18 de la tarde, el fiscal general de la República informó, a través de su perfil en X, que Rocío San Miguel había sido arrestada “en virtud de una orden de aprehensión en su contra”.

La información de Saab confirmó la denuncia extraoficial de la detención realizada por las fuentes allegadas a San Miguel, pero no precisó datos claves del procedimiento realizado (lugar, fecha y hora), por lo que tanto el equipo legal como las organizaciones defensoras de derechos humanos continuaron exigiendo públicamente conocer la ubicación exacta de la activista ante la imposibilidad de establecer contacto.

Como parte del análisis de este discurso público, el equipo de Cotejo.info y el OVFN, elaboraron un resumen cronológico del caso, basado en el rastreo de fuentes documentales, disponible en el siguiente PDF:

¿Qué es una desaparición forzada?


Según el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):


“Se considera desaparición forzada a la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del mismo, seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recurso legales y de las garantías procesales pertinentes”.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece en el artículo 7, literal  “i”, que la “desaparición forzada de personas” constituye un crimen de lesa humanidad.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), por su parte, señala que “la desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos” y que hoy día pueden emplearse como “método de represión política de los oponentes”. Por lo tanto, según la ONU existen motivos de especial preocupación:

  • El acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada.
  • El uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones.
  • Y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

Al revisar lo contemplado en las leyes venezolanas sobre este tema, se encontró que el artículo 45 de la Constitución establece lo siguiente: 

“Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciar a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley”.

En consonancia con ello, el artículo 180-A del Código Orgánico Penal Venezolano establece que el delito de desaparición forzosa contempla una pena de 15 a 25 años para toda aquella autoridad civil o militar que la cometa.

La ONU ha identificado desapariciones forzadas de corta duración en Venezuela


Por otro lado, en septiembre de 2023 se divulgó Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que contempla el término de la “desaparición forzada de corta duración” como parte de los “mecanismos de represión” que han sido identificados en el país.

En el documento Naciones Unidas, en el apartado “III. Mecanismos de represión: principales violaciones y delitos”, letra B,  se lee textualmente lo siguiente:

Desaparición forzada de corta duración:

  • “La misión tiene motivos razonables para creer que 14 personas (10 hombres, cuatro mujeres) desde 2020 fueron objeto de desapariciones forzadas de corta duración atribuibles a las autoridades del Estado. Las víctimas permanecieron desaparecidas durante al menos varias horas, y en algunos casos hasta 10 días, hasta que se conoció su paradero. A pesar de las peticiones de sus familiares y/o abogados para saber si las víctimas estaban recluidas en lugares de detención específicos, las autoridades, que tenían conocimiento de ello, no proporcionaron ninguna respuesta”.
  • La misión tiene motivos razonables para creer que el Ministerio Público, en algunos casos, retrasó a sabiendas la fecha oficial de detención, y en otros, negó información a los familiares sobre personas que eran trasladas de un centro de detención a otro. La misión también documentó que, durante el periodo al que se refiere el informe, continuó la práctica ilegal de llevar a los detenidos a casas clandestinas antes de ingresarlos en un centro de detención oficial, como en el caso de John Jairo Gasparini Ferbans, que fue detenido en vinculación a la Operación Constitución.

De igual modo, se explica que “las investigaciones de la misión siguen mostrando la implicación de las fuerzas de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia en la comisión de graves violaciones de derechos humanos y delitos en el contexto de la represión selectiva. La Dirección General de Contrainteligencia Militar estuvo involucrada en el 40% de los 124 hechos de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas y malos tratos, y violencia sexual y de género documentados”.

¿Qué es una desaparición forzosa de corta duración? En el año 2018, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) presentó -junto con la ONG Espacio Público y Human Rights Clinic – University of Texas- el informe titulado: “La negación del paradero de personas detenidas como práctica de desaparición forzada en Venezuela”, donde se clasificaron e identificaron tres modalidades esta práctica en el país:

-Desapariciones forzadas de corta duración: Ocurren cuando una persona es detenida de forma arbitraria y su paradero es negado por las autoridades.

-Desapariciones forzadas ocurridas durante traslados posteriores a la detención inicial: Además del arresto arbitrario y la negación de su paradero, la víctima sufre traslados en los que se vuelve a negar información sobre su ubicación.

-Desapariciones forzadas de larga duración: Se refiere a casos antiguos en los que todavía no hay información sobre el paradero de las personas apresadas.

Según lo establecido en el informe 2023 de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y en el documento previo del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, se puede inferir que las características de la detención de Rocío San Miguel coinciden con el patrón identificado de desapariciones forzosas de corta duración en Venezuela. 


Los alegatos del sector oficial

El 11 de febrero, cuando el fiscal Tarek William Saab, confirmó a través de su cuenta en la red social X la detención de Rocío San Miguel, no informó su sitio de reclusión, ni la fecha y hora del procedimiento. 

Al día siguiente, el 12 de febrero, a las 9:54 de la noche, el funcionario nuevamente utilizó la plataforma para informar que estaba en desarrollo la audiencia de presentación ante tribunales de los 6 ciudadanos presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada Brazalete Blanco.

Reiteró que el procedimiento estuvo “dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales” y anunció que se solicitaría “ante el Tribunal 2do Contra Terrorismo la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por: la presunta comisión de los delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y asociación entre otros”.

Estos pronunciamientos públicos de Saab en la plataforma X son utilizados para justificar el supuesto cumplimiento de los lapsos previstos en las leyes. Dado que en el anuncio oficial de la detención del domingo 11 de febrero, a las 5:18 de la tarde, comunicacionalmente se utilizó el #Ahora al inicio del post para dar a entender que el hecho acababa de producirse. 

Luego -transcurridas 52 horas de ese anuncio- informó del “desarrollo de la audiencia de presentación”, con el #Ahora y sin especificar la hora exacta de inicio, con lo cual se enmarca dentro del lapso legal de las 48 horas, al tiempo que ignoró las denuncias públicas y extraoficiales de la detención hechas por medios de comunicación y ONG desde la noche del sábado 10 de febrero, en las cuales se aseguró que “la detención ocurrió la madrugada del viernes 9”.

El 13 de febrero, Saab divulgó un comunicado donde reiteró la solicitud de detención de San Miguel y su expareja Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, así como la excarcelación de los otros cuatro detenidos, entre los que se encontraba la hija de San Miguel. En el texto oficial se denunció una presunta “campaña desde el exterior en contra del Sistema de Justicia y el Estado venezolano”.

 

En rueda de prensa realizada el 14 de febrero, el Fiscal General de Venezuela dijo que Rocío San Miguel fue acusada de participar en una supuesta “trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro”. Además, señaló que no fue víctima de desaparición forzada y acusó a las ONG por denunciar dicho delito.

Saab aseguró que, en enero de este año, ya había advertido que periodistas y abogados estarían implicados en una de las conspiraciones a las que las autoridades han llamado Brazalete Blanco. En su opinión, era de público conocimiento la existencia de una orden de captura y que una de esas personas sería Rocío San Miguel.

Sobre la “desaparición forzada”, explicó que ocurre cuando se da “el secuestro de una persona que no aparece como detenida, que no es presentada en un tribunal y termina desaparecida porque la asesinan”. 

Pero la definición actual de este delito, contemplada en la antes mencionada Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en otros documentos de la ONU, no necesariamente implica la muerte de la víctima y, en cambio, se menciona que el término aplica también cuando hay “falta de información o negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”. 

Además, en el caso de Venezuela, se ha identificado la modalidad de la “desaparición forzosa de corta duración”, por parte de las organizaciones defensoras de DD.HH. Sin embargo, este término es ignorado o no contemplado por la Fiscalía General.

Un reporte de Efecto Cocuyo con las Claves de las declaraciones de Tarek William Saab sobre detención de Rocío San Miguel, destaca que Saab también cuestionó la trayectoria de San Miguel cuando expresó: “nunca nadie la vio y que ahora de pronto le dan la fachada de defensora de derechos humanos”, con lo cuál -según él-  se busca “desacreditar la investigación” que lleva a cabo la fiscalía.

Defensores de DD.HH. denunciaron irregularidades

El 12 de febrero de este año, un total 262 ONG y 599 miembros de la sociedad civil venezolana suscribieron un pronunciamiento en rechazo a la detención por más de 60 horas de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, por parte de agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Para el momento de la publicación, no se tenía conocimiento sobre su paradero, el cuerpo de seguridad a cargo, ni se había podido constatar su estado de salud e integridad física.

Dentro de las irregularidades denunciadas por las organizaciones, se señaló:

  • Ausencia de información sobre su paradero: Según el comunicado San Miguel fue abordada por funcionarios del DGCIM y el SEBIN y detenida en el aeropuerto internacional Simón Bolívar cuando se disponía a viajar el día 9 de febrero de 2024, en compañía de su hija. “Transcurrieron 2 días sin que sus familiares, abogados y la sociedad en su conjunto tuviera conocimiento de su paradero, integridad y vida convirtiéndose en un hecho público y notorio su desaparición forzada”.

    Alegan que luego de que Tarek William Saab reconoció la detención de la defensora, alegando una supuesta orden de aprehensión por estar presuntamente vinculada a tramas conspirativas, aún se desconocía su paradero y el cuerpo de seguridad a cargo.
  • Hay un patrón sistemático de desaparición forzada temporal en Venezuela que ha sido documentado por órganos de Naciones Unidas y denunciado ante el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Durante el tiempo que duran las desapariciones, “las víctimas son proclives a la tortura para la obtención de declaraciones contra sí mismas, además de representar violaciones gravísimas a los derechos humanos, contrarias a los compromisos del Estado con estándares internacionales y a la Constitución de Venezuela”.
  • La solvencia y experticia de la activista, en especial en el ámbito militar, la han convertido en la mujer defensora de derechos humanos con más ataques, criminalización, acoso, persecución y hostigamiento por parte de altos funcionarios estatales y organismos de seguridad del Estado venezolano, llegando a recibir junto con su familia amenazas contra su vida e integridad en distintas oportunidades, por lo cual es beneficiaria de medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde enero del año 2012 (1).

El abogado Juan González, defensor de Rocío San Miguel, aseguró el lunes 12 de febrero que el caso obedecía a una “desaparición forzada” e indicó que presentó un recurso de amparo hábeas corpus ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia Municipal en funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Haydée Cecilia Oliveros, como se observa en un video divulgado en X por Provea.

Ese día, el equipo de abogados recorrió varias sedes policiales y militares, incluidos El Helicoide, el SEBIN y la DGCIM, sitios donde les indicaron que no tenían información sobre Rocío San Miguel y sus familiares (hija, el papá de su hija, dos hermanos y un exesposo) cuyo paradero era desconocido.

Por otro lado y de acuerdo con la revisión documental realizada (1,2,3), se encontró que en los reclamos realizados de modo individual por las organizaciones se detallan violaciones del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y a los lapsos de presentación ante tribunales.

La audiencia de San Miguel, realizada la noche del 12 de febrero, no contó con sus defensores privados. El artículo 127 del COPP establece que los imputados tienen derecho a comunicarse con sus familiares y abogados para informar su detención y tienen derecho a designar un defensor de su elección.

De acuerdo con los cálculos de las ONG, la presentación ante tribunales de control se realizó 100 horas después de la detención. Con esa acción vulneraron los artículos 44 numeral 1 de la Constitución y el 236 del COPP, que establecen que el lapso máximo para la presentación ante el ente judicial es de 48 horas.

Las personas que fueron aprehendidas tienen nexos consanguíneos o afines con San Miguel, entre ellas están: Miranda Díaz (hija); Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano); Alberto San Miguel Quigosos (hermano); Víctor Díaz Paruta (padre de Miranda Díaz) y Alejandro González Canales (ex pareja). A todos se les dictó prohibición de salida del país y presentación periódica ante un tribunal. El Artículo 257 del COPP indica que entre parientes no hay delitos de encubrimiento ni obstaculización.

Sobre la presunción de inocencia, el artículo 8 del COPP señala que “cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”.

Reacción internacional

Desde que se denunció -de forma extraoficial- la detención San Miguel, varios organismos e instancias internacionales como Amnistía Internacional, Estados Unidos, Diplomacia Española y el Foro Argentino por la Democracia, fijaron su postura frente al caso y solicitaron al Estado venezolano liberación inmediata la activista.

El 12 de febrero de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la “desaparición forzada” de la defensora, beneficiaria de medidas cautelares e instó al Estado a “asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia”.

El 13 de febrero, Amnistía Internacional exigió libertad inmediata e incondicional y que se garantice su integridad personal.

Este mismo día, la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura condenaron el hecho y también lo calificaron como “desaparición forzada”. 

La Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela expresó su preocupación por la detención de la abogada y solicitó el fin de la represión gubernamental.

Los exjefes de Estado e integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), condenaron, a través de una carta, “las desapariciones forzadas de opositores” en Venezuela.

La oficina de las Naciones Unidas #HumanRights dirigida por el Alto Comisionado, indicó que le estaba haciendo seguimiento al caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.

Elisa Trotta Gamus, miembro fundador del Foro Argentino por la Democracia en la Región, comunicó en X, el 14 de febrero de este año, la demanda introducida ante la justicia por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, tras la desaparición forzada de la activista hispano-venezolana.

El 16 de febrero, la embajada estadounidense para Venezuela, que funciona en Colombia, mostró preocupación por la medida ejecutada con la oficina de Derechos Humanos de la ONU, “después de que su informe expresara ‘profunda preocupación por la detención de la activista de derechos humanos’ Rocío San Miguel”.

Conclusión

El análisis del discurso público, realizado por el equipo de Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN), arrojó que es una mentira la afirmación: “en el caso de Rocío San Miguel no hubo desaparición forzada”, expresada por Tarek William Saab, fiscal general de la República, por las siguientes razones:

  • Hay opacidad informativa en las declaraciones públicas del fiscal sobre el caso, desde que se reconoció la detención hasta la rueda de prensa del 14 de febrero de 2024, donde rechazó la acusación de “desaparición forzosa”.
  • El anuncio oficial de la detención de San Miguel, realizado el domingo 11 de febrero en X (con el #Ahora), no detalla el lugar, la fecha y la hora de detección de la activista, por lo que no coincide con la fecha (9 de febrero) y hora de aprehensión denunciada por sus allegados, abogados y ONG.
  • Basado en las publicaciones hechas en X, entre el 11 y el 13 de febrero, Saab insistió en que “se cumplieron los lapsos establecidos” y que hubo “estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales”. Pero al mismo tiempo, en su discurso ignoró los reclamos públicos realizados desde la noche del 10 de febrero.
  • Informes previos sobre la situación de DD.HH. en Venezuela revelan la práctica de la “desaparición forzosa de corta duración” como parte de los mecanismos de represión empleados en el país. Dentro de esta modalidad se identifican características como: detención arbitraria, negación del paradero por las autoridades y retraso de la fecha oficial de detención.

Por otro lado, según las evidencias documentales del caso que citan al equipo de abogados, el Ministerio Público informó sobre el paradero de Rocío San Miguel cinco días después de su detención. Además, alegan que fue presentada en tribunales pasadas 48 horas de la aprehensión, plazo máximo estipulado en el artículo 44 de la Constitución de Venezuela. 

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