El gobierno de Nicolás Maduro esperaba extender hasta el próximo 30 de mayo la posibilidad de responder a los testimonios que más de 8000 víctimas enviaron al órgano internacional para solicitar la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad.
Los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares I negaron la solicitud planteada por representantes del Ejecutivo Nacional por considerar que «los alegatos del Estado venezolano no son lo suficientemente precisos como para permitir a los Jueces determinar la procedencia de conceder una autorización para responder».
También manifestaron que el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés), “transmite las opiniones y preocupaciones de las víctimas potenciales. En esta fase, ninguna víctima ha sido admitida a participar en el procedimiento, por lo que el nivel de respuesta previsto por Venezuela no se justifica en la fase actual”.
Fue precisamente el uso del término jurídico “víctimas potenciales” lo que produjo una interpretación polémica por parte del gobierno nacional. En un comunicado emitido por la Cancillería de Venezuela, este lunes 08 de mayo, celebran que se trata de un reconocimiento a que en el territorio venezolano, “hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal por la Corte Penal Internacional”.
Si bien la respuesta de la Sala se refirió a las personas participantes del informe VPRS como víctimas potenciales, esto no implica que se hayan desestimado las violaciones de DDHH ni es un reconocimiento a la ausencia de crímenes contra la humanidad en el país.
En ese sentido, no hay elementos en la resolución emanada de los jueces Péter Kovács, Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, que permitan concluir que “No hay crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, como publicaron portales estatales y tuiteros oficialistas. A partir de allí, surgió una ola de desinformación que daba por sentado una narrativa triunfalista sobre un proceso aún en desarrollo.
Contrario a lo que intenta impulsar la narrativa oficialista, los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI continuarán la evaluación para decidir si la Fiscalía del ente, que dirige el británico Karim Khan, reanuda la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Recordemos que, en noviembre de 2021, durante la visita de Khan a la ciudad de Caracas, se anunció la decisión de iniciar una investigación formal por considerar que existían motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad en el contexto de las manifestaciones de calle del año 2017.
No es la primera vez que el gobierno venezolano intenta retrasar el trabajo de la CPI, pues en febrero del presente año se emitió un comunicado donde la cancillería venezolana instó a desechar la investigación que calificó de falacias de agresión mediática y geopolítica, lo cual fue rechazado por el órgano internacional.
Adicionalmente, el gobierno insiste, en el comunicado, en desvirtuar las acciones del tribunal internacional y las opiniones de las víctimas en el informe VPRS, de las cuales señalan que “podrían estar siendo instrumentalizadas para convertir a la CPI en un arma política contra la institucionalidad venezolana”.
Este alerta de desinformación exhorta al ciudadano debe estar atento a narrativas triunfalistas que no se apegan a la realidad del proceso legal que se ejecuta, lo cual impide a la ciudadanía informarse objetivamente sobre los avances del asunto “Venezuela I”, como fue denominada por la CPI la causa que examina las violaciones de DDHH en el país.
