María Corina Machado: “En Venezuela no hay Estado de derecho”

  • De acuerdo con el último ranking publicado por World Justice Project, Venezuela tiene el nivel más bajo de Estado de derecho en el mundo con una calificación de 0.26 sobre 1.0
  • Organizaciones nacionales e internacionales denuncian que en la nación sudamericana no hay separación de poderes ni transparencia en los procesos judiciales
  • A 18 de los 20 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), nombrados en 2022, se le detectaron vínculos probados con el oficialismo. Aunado a esto, desde 1999 todos los fiscales nombrados en Venezuela han sido leales al proceso revolucionario.

El 26 de enero de 2024 el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela (TSJ) emitió en su página web un comunicado en el que decía que María Corina Machado estaba “inhabilitada para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años”.

La publicación del TSJ generó reacciones en el ámbito nacional e internacional. Diversos actores políticos denunciaron violación de leyes y calificaron la medida como inconstitucional. En este contexto, el 29 de enero de 2024 la dirigente opositora dijo, durante una rueda de prensa en Caracas, que “en Venezuela no hay Estado de derecho”.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Machado respondió preguntas de los medios durante 20 minutos. En el minuto 35:10, el periodista Fernando Tineo de VPI TV preguntó a la dirigente opositora si ella está preparada para asumir algún proceso penal y eventualmente la cárcel.

En su respuesta, la dirigente de Vente Venezuela expuso una serie de razones por las que considera que en el país hay “delincuencia judicial” y asegura que Venezuela es el último país en cuanto a niveles de Estado de derecho en el mundo. “Eso es algo que todos lo saben. El TSJ sigue instrucciones inmediatas que en 5 minutos se las cambian”.

El equipo de Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News fijaron su lupa en la afirmación sobre la ausencia del Estado de derecho en Venezuela. El análisis del discurso público arrojó que se trata de una verdad. 

Aunque el país cuenta con una constitución garante de derechos humanos, existen evidencias de que en la práctica no se respetan aspectos como la separación de poderes, la igualdad ante la ley o la transparencia procesal y legal.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) resume el Estado de derecho como una forma de organización que se caracteriza por la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, incluidos aquellos que detentan el poder.

Sin embargo, las características o principios del Estado de derecho no se cumplen en Venezuela, de acuerdo con las fuentes documentales revisadas que evidencian constantes violaciones a la Constitución venezolana, lo cual afecta la concesión de Estado de derecho en la nación.

Separación de poderes cuestionada

De acuerdo con el Informe Alternativo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicado por la ONG Acceso a la Justicia en octubre de 2023 más del 90% de los jueces en el país son provisionales, facilitando su remoción si no cumplen con la orden del ejecutivo.

El informe señala que no hay imparcialidad, dado que a 18 de los 20 magistrados designados en el año 2022 se les detectaron vínculos probados con el oficialismo. Entre las conclusiones se menciona que Venezuela no cumple con el Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos (PIDC) y que la razón por la que no se administra verdadera justicia en Venezuela responde a la falta de independencia del poder judicial.

Un texto publicado por Voz de América en enero de 2024 señala que desde 1999 (cuando Hugo Chávez llegó al poder) la figura del Fiscal General siempre ha sido ocupada por alguien leal al oficialismo. Por ese cargo han pasado nombres como: 

Javier Elechiguerra, fiscal general de 1999 (procurador del expresidente Hugo Chávez); Isaías Rodríguez, en 2000 (fue vicepresidente); Luisa Ortega Díaz, en 2007 (aunque luego denunció una serie de violaciones en materia de derechos humanos, en un principio resolvía casos a favor del gobierno) y desde el 2017, Tarek Wiliam Saab.

Por otro lado, desde el año 2006 hasta el 2020, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue presidido por Tibisay Lucena, quien en el 2017 fue sancionada por los Estados Unidos por “debilitar la democracia y los derechos humanos en Venezuela”.

En mayo de 2023, la Corte Penal Internacional recibió 9.000 alegaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. En voz del abogado Juan Carlos Gutiérrez, el sistema judicial venezolano carece de cualquier “seguridad y credibilidad”.

Estas declaraciones van de la mano con la clasificación del ranking mundial de justicia que ubica a Venezuela con el peor sistema judicial del mundo. El país fue evaluado en los siguientes ámbitos:

  • Poderes gubernamentales
  • Corrupción
  • Gobierno abierto
  • Derechos fundamentales
  • Orden y seguridad
  • Cumplimiento normativo
  • Justicia Civil
  • Justicia Penal

Legalidad e igualdad ante la ley

El principio de legalidad en el Estado de derecho establece que todo acto de los órganos gubernamentales se fundamenta en el derecho vigente. El Centro de Integración y el Derecho Público lo define como una suerte de límite funcional a la actividad administrativa, lo que significa que los funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que expresamente le permite la ley. 

¿Se cumple este principio en Venezuela? De acuerdo con un informe publicado por Acceso a la Justicia, el principio de legalidad en Venezuela se empezó a violar cuando se aprobó una Ley Habilitante para que Nicolás Maduro dicte leyes en cualquier materia. Esto en muchos casos violenta lo establecido en la Constitución venezolana al eliminar la discusión pública en materia jurídica.

En enero de 2024, el Frente Amplio Venezuela Libre denunció una serie de actos promovidos por el sector oficial (represión y falsas acusaciones hacia la disidencia) y que violan los principios establecidos en la Constitución venezolana. Estos señalamientos son reiterativos al menos desde el año 2017, cuando la exfiscal Luisa Ortega Díaz denunció la ruptura del orden constitucional en Venezuela. 

Jacobo Marmol, diputado al Consejo Legislativo por el estado Lara y secretario del Colegio de Abogados en la región, señaló en entrevista para el equipo de Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News  que el principal problema en Venezuela es la politización de los cargos públicos.

“En Venezuela el Ejecutivo coordina absolutamente todas las instituciones del Estado.  El poder legislativo está totalmente cubierto por el oficialismo y es el poder legislativo el que nombra a las autoridades del poder judicial”, destacó Marmol. 

Entrevista realizada por el periodista Osman Rojas vía WhastApp  el 5 de febrero de 2024 a las 2:10 p.m. 

En cuanto a la igualdad ante la ley, la evidencia demuestra que también hay fallas. Este principio establece que todas las personas deben ser tratadas de la misma forma, sin distinciones o favoritismo. Sin embargo, la violación de derechos humanos ha sido denunciada en el país.

En julio de 2023, un informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la República Bolivariana de Venezuela evidencia que las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta forman parte de una política que viola el proceso de igualdad ante la ley.

El equipo de Cotejo.info publicó en agosto de 2023 una verificación del discurso público relacionada con los derechos de la comunidad LGTBI. Koddy Campos, activista de la comunidad de lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales e intersexuales (LGTBI) dijo que en Venezuela hay “homofobia de Estado”, una afirmación que recibió el calificativo de verdad.

En el texto se demuestra la vulneración  que hay a los derechos humanos de la comunidad LGBTBI en Venezuela y la persecución que existe por parte de algunos funcionarios públicos a miembros de este sector de la población.

Indicadores internacionales

De acuerdo con la última actualización de World Justice Project (WJP), Venezuela obtuvo una puntuación de 0.26 sobre 1.00 en el reglón del Estado de derecho, el último lugar en la tabla. El ranking mide:

  • Limitaciones de los poderes del gobierno
  • Ausencia de corrupción
  • Gobierno abierto
  • Derechos fundamentales
  • Orden y seguridad
  • Cumplimiento de la normativa
  • Justicia civil
  • Justicia penal

Junto a Venezuela, los países peor clasificados en este renglón son Camboya (141), Afganistán (140), Haití (139), la República Democrática del Congo (138) y Nicaragua (137).En este gráfico se observa el ranking de los 142 países analizados.

Esta no es la primera vez que Venezuela ocupa el último lugar en este indicador. Desde hace una década el país ha ocupado el último puesto en el índice mundial sobre el Estado de derecho.

Por otro lado, un informe elaborado por la ONG Acceso a la Justicia señala que desde el año 2021 se han aprobado una docena de leyes relacionadas con el sistema de justicia penal en Venezuela. Sin embargo, esto no contribuye en la recuperación de la justicia dado que persisten las violaciones constitucionales en casi todas las áreas.

Esta clasificación va de la mano con un informe publicado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2018, en el cual se aseguró que en Venezuela el Estado de derecho estaba “virtualmente ausente”. 

En 2023, organizaciones como el Bloque Constitucionalista denunciaron la inexistencia del Estado de derecho en Venezuela, argumentando que “la reiterada interferencia del poder político en el sistema judicial constituye una grave falta que infringe la independencia de poderes en el país”.

Conclusión

Ante los argumentos expuestos, el equipo de Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News califican como verdad la aseveración hecha por María Corina Machado en la cual sostiene que en Venezuela no hay Estado de derecho.

Aunque la Constitución venezolana establece principios como la igualdad ante la ley, la legalidad y la separación de poderes, varios informes de ONG locales y organismos internacionales señalan una violación sistemática de la ley.

El último informe del World Justice Project ubica a Venezuela en el puesto 142 (el último) de los países con el nivel más bajo de Estado de derecho.

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