Jorge Rodríguez: “Se ha cumplido con el mecanismo establecido en los Acuerdos de Barbados”

  • La afirmación del actual presidente de la Asamblea Nacional, electa en 2020, hace referencia al proceso fijado para la revisión de las inhabilitaciones políticas y es una media verdad porque aunque se fijó un mecanismo que fue ejecutado por TSJ, al menos dos de las decisiones ratificaron el impedimento de participación para dos figuras de oposición reconocidas
  • El Estado venezolano ha mostrado un leve avance en materia de garantías electorales, desde que el CNE efectuó una jornada especial para la inscripción y actualización del Registro Electoral, pero el esfuerzo no duró más de 15 días
  • La activación del Plan Furia Bolivariana, anunciado por Nicolás Maduro, el 23 de enero de este año, deja en entredicho el cumplimiento de los puntos 5 y 7 acordados en Barbados, en los cuales se mencionan garantías de seguridad y el desarrollo de un proceso pacífico para los candidatos y otros actores políticos de oposición

El 30 de noviembre de 2023, fecha tope para cumplir con el proceso, las autoridades venezolanas anunciaron la fijación de un mecanismo para cumplir con el punto número 1 del comunicado de prensa de EEUU. Una nota de prensa de la agencia chilena Swissinfo, explicó ese día lo que implicaba el mecanismo y los pasos a seguir, según lo acordado por las Partes en Noruega:

  • “Cada uno de los interesados” acudirá personalmente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer un recurso contra la inhabilitación que tenga impuesta, “acompañada de un amparo cautelar”, entre el 1 y el 15 de diciembre.
  • La Sala “se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia”.
  • Los demandantes se abstendrán de incorporar, tanto en sus alegatos como en declaraciones públicas, “conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado”.
  • Cada uno de los solicitantes se compromete a respetar la Constitución, “honrar y defender la patria”, acatar la decisión del TSJ “que emane de este recurso” y rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político.

Lo manifestado por Rodríguez, hace referencia al mecanismo para la habilitación política de opositores impedidos para ocupar cargos públicos, de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2024. Dicho procedimiento devino del pacto firmado el pasado 17 de octubre de 2023 en Bridgetown – Barbados, entre el gobierno y la oposición venezolana, en el cual se abordan “las garantías electorales y derechos políticos” y la “protección de los intereses vitales de la Nación y la defensa de la integridad territorial venezolana y la soberanía nacional”.

Los equipos periodísticos de Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) fijaron la lupa en la frase: “se ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco de los Acuerdos de Barbados” expresada por Rodríguez. 

Tras el proceso de verificación, se concluyó que lo dicho por el presidente de la AN es una verdad a medias, dado que los resultados del mecanismo fijado para la revisión de las inhabilitaciones han sido cuestionados por las organizaciones no gubernamentales y otros actores políticos nacionales e internacionales. 

Por otro lado, la revisión del acuerdo de Barbados arrojó que todavía hay puntos en desarrollo, algunos se han acatado de manera parcial y existen otros cuyo cumplimiento -o no- se verá a futuro, durante la contienda electoral.

En contexto

En octubre de 2023, las Partes, representadas por Jorge Rodríguez, presidente de la AN (2020) y Gerardo Blyde Pérez, delegado de la oposición venezolana, estuvieron acompañadas por los representantes diplomáticos de Noruega, Barbados, Rusia, Países Bajos, Colombia, México y Estados Unidos. Tras el proceso, suscribieron un documento denominado Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para todos.

Un día después de la firma del acuerdo -el 18 de octubre de 2023, el Departamento de Estado del gobierno de USA divulgó un comunicado de prensa en el cual saludó “la firma de un acuerdo de hoja de ruta electoral entre la Plataforma Unitaria y representantes de Nicolás Maduro”, disponible en su portal web.

En el texto también se anunció “el alivio de las sanciones estadounidenses en respuesta a medidas concretas encaminadas a lograr elecciones competitivas y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, con las medidas tomadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Luego se mencionaron las expectativas estadounidenses de que “el gobierno de Maduro a tomaría las siguientes medidas antes de finales de noviembre”:

  1. Definir un cronograma y un proceso específicos para la reinstalación acelerada de  todos  los candidatos. Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la oportunidad y tener derecho a igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física.
  2. Comenzar la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente.

El 30 de noviembre de 2023, fecha tope para cumplir con el proceso, las autoridades venezolanas anunciaron la fijación de un mecanismo para cumplir con el punto número 1 del comunicado de prensa de EEUU. Una nota de prensa de la agencia chilena Swissinfo, explicó ese día lo que implicaba el mecanismo y los pasos a seguir, según lo acordado por las Partes en Noruega:

  • “Cada uno de los interesados” acudirá personalmente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer un recurso contra la inhabilitación que tenga impuesta, “acompañada de un amparo cautelar”, entre el 1 y el 15 de diciembre.
  • La Sala “se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia”.
  • Los demandantes se abstendrán de incorporar, tanto en sus alegatos como en declaraciones públicas, “conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado”.
  • Cada uno de los solicitantes se compromete a respetar la Constitución, “honrar y defender la patria”, acatar la decisión del TSJ “que emane de este recurso” y rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político.

Un mes y 11 días después del vencimiento del plazo para ejercer los recursos contra las inhabilitaciones. La Sala correspondiente del TSJ se manifestó, el 26 de enero de 2024, y ratificó la inhabilitación política de dos de las figuras centrales de oposición: María Corina Machado y Henrique Capriles

La respuesta del máximo tribunal venezolano desencadenó cuestionamientos dentro y fuera del país. El gobierno de EE.UU. anunció el 30 de enero de 2024 que no se renovarán las licencias que había concedido a Venezuela a cambio de una apertura democrática en el país.

¿Qué se cuestiona del mecanismo de revisión de inhabilitaciones?

El mismo día que se conoció la decisión del TSJ, la web de Acceso a la Justicia publicó un análisis donde aseguró que no se publicó la totalidad de la sentencia y solo se limitó a divulgar un extracto en su página web. Según la ONG se trata de una práctica recurrente que “impide conocer el texto íntegro de dichos fallos, incluyendo, entre otros aspectos, las razones jurídicas que las fundamentan”, la cual además se ejecuta en casos llamativos o de interés colectivo.

La Sala Político Administrativa (SPA) publicó un total de 8 sentencias “sobre las sanciones que la Contraloría General de la República (CGR) ha impuesto en contra de dirigentes políticos de oposición y de otras tendencias políticas”. 

Las figuras que recibieron la habilitación del ejercicio de sus derechos políticos son:  Leocenis García, Richard Mardo, Pablo Pérez, Daniel Ceballos, Rosa Brandonisio de Scarano y Vicencio Scarano (a quién según Acceso a la Justicia “ya se le había negado su habilitación hace años y de manera definitiva”).

Capriles y Machado recibieron una sentencia desfavorable. Los análisis de lo sucedido se centran en el caso de Maria Corina por tratarse de la ganadora de la Elección Primaria que la oposición realizó el 22 de octubre de 2023 (6 días después de la firma de los Acuerdos de Barbados). En este punto vale acotar que el TSJ, cuya independencia institucional es cuestionada, emitió el 30 de octubre pasado una sentencia en contra de la votación opositora que ordenó eliminar todos los efectos de la Primaria. 

El análisis citado de Acceso a la Justicia también destaca las inconsistencias en la sentencia de Machado, quien alega que “la sanción en su contra no existe, por cuanto jamás fue notificada ni se enteró de la misma, pues lo que se hizo público fue una carta que la CGR le remitió a un tercero (el diputado José Brito)”. Además, la opositora nunca ejerció su derecho a la defensa en el proceso ejecutado por la CGR.

En la fecha y número de la resolución CGR que dictó la inhabilitación de Machado existen incongruencias. Según Acceso a la Justicia,  la carta que recibió Brito indica que la sanción contra Machado tiene fecha del 13 de julio de 2015 y el siguiente número de resolución 01-00-000398.

Pero la sentencia del TSJ aseguró que “de conformidad con la Resolución n.° 01-00-0000285 de fecha 16 de septiembre de 2021”.

De acuerdo con el máximo tribunal, la opositora “está inhabilitada por quince (15) años” por supuestamente ser partícipe de “la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan G. Antonio Guaidó M., que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”.

Según la referida ONG, “la SPA, bajo el supuesto de la existencia del acto, y sin dejar que el caso avanzara a través de su admisión para que la representación jurídica de María Corina Machado pudiera examinar el presunto acto de la CGR de 2021 y defenderse al respecto, le cerró toda posibilidad de defensa, por lo menos en esa instancia”.

Acceso a la Justicia añadió en su análisis que “las decisiones anunciadas por el TSJ se produjeron ya vencidos los lapsos legales”. Aseguran que “el fallo contra Machado es otra prueba de que en Venezuela no hay independencia judicial: el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República  es inconstitucional y el TSJ no dice nada al respecto; no hay condena penal contra Machado, por lo que no se la puede inhabilitar según la Constitución”.

Además, la medida afecta a los derechos de todos los ciudadanos que votaron por Maria Corina como candidata abanderada de la oposición.

Denuncian ruptura de los Acuerdos de Barbados

Tras el fallo del TSJ sobre el caso de Maria Corina Machado, la opositora denunció la ruptura de los acuerdos de Barbados y recibió el respaldo de los principales partidos de la oposición democrática, así como varios gobiernos del hemisferio (Uruguay, Ecuador, Argentina y EE. UU.) y de los 29 exmandatarios que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), según una reseña de la agencia DW en Español.

El jefe negociador de la oposición, Gerardo Blyde, también dijo que el TSJ violó lo pactado en Barbados.

Pero las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos en Venezuela, no son algo nuevo y se convirtieron en una práctica común ejecutadas por la Contraloría General de la República, fundamentada en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la CGR y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010), desde el año 2006. Dichas medidas, son consideradas por el poder electoral al momento de vetar una inscripción en un proceso electoral.

Faltas identificadas del Acuerdo de Barbados

Para el análisis de este discurso público también se tomó en consideración el contenido del acuerdo firmado en Barbados, disponible en Gaceta Oficial N°42738 de fecha 19 de octubre de 2023 y también en portales como Acceso a la Justicia. El propósito fue indagar punto a punto y cotejar con evidencias documentales a fin de determinar si el Estado venezolano ha cumplido -o no- con lo establecido en el documento suscrito por las Partes.

Resumen del Acuerdo de Barbados

La revisión documental arrojó en primera instancia que el Consejo Nacional Electoral (CNE) solo ha cumplido 2 de los 6 puntos asociados al Registro Electoral, de acuerdo con un análisis previo del discurso de Elvis Amoroso, presidente del CNE, publicado en Cotejo.info en diciembre de 2023.

Las facultades de poder electoral están vinculadas con los numerales 2 y 3 del pacto:

“2. Ejecución de la actualización del Registro Electoral Permanente, Incluyendo:

a. Jornadas especiales de inscripción y actualización.

b. Campañas de Información y promoción de la inscripción y actualización de datos.

c. Establecimiento de puntos de inscripción y actualización en todo el territorio nacional, con presencia de testigos de los actores políticos.

d. Continuación del proceso de cedulación en todo el país y desarrollo de operativos especiales de cedulación, de conformidad con la ley.

e. Realización de jornadas de actualización del Registro Electoral en el extranjero, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la ley.

f.  Depuración del Registro Electoral.”

3. Desarrollo de todas las auditorías previstas en el sistema electoral venezolano, incluyendo las relacionadas con el Registro Electoral, con la participación de todos los actores políticos, la observación internacional y los acompañantes nacionales, de conformidad con la ley electoral”.

Hubo un leve avance en materia de garantías electorales mediante la realización de una jornada especial para la inscripción y actualización del Registro Electoral (RE). Sin embargo, el esfuerzo no duró más de 15 días y finalmente fue suspendido por la convocatoria del referendo consultivo sobre el Esequibo.

Sobre la presencia de misiones técnicas internacionales para observar el proceso electoral presidencial, Jorge Rodríguez dijo en noviembre de 2023 que: “la Unión Europea (UE) no podrá observar “ningún” proceso electoral en Venezuela mientras mantenga sanciones contra el Estado y sus funcionarios”.

También se ha incumplido, por ejemplo, con la realización de jornadas de actualización del Registro Electoral (RE) en el extranjero pese a que, según la Oficina de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), Venezuela tiene más de 7,7  millones de migrantes distribuidos en distintos países del mundo y se estima que el 68,98% de los venezolanos en el exterior, son mayores de 18 años.

Se estima que 4.897.709 ciudadanos en el exterior tienen más de 18 años, pero apenas el 2% se encuentran inscritos en el Registro Electoral extranjero y pueden votar en una elección presidencial, según datos del portal web Puzkas.com.

Otros puntos vinculados con el CNE y cuyo cumplimiento resulta inchequeable -dada la ausencia de un cronograma electoral oficial al 15 de febrero de 2024- son los siguientes:

  • (1) Proponer que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año 2024, atendiendo al cronograma constitucional.
  • (6) Exhorto a todos los actores políticos y funcionarios públicos para respetar y cumplir la normativa electoral y las decisiones del Consejo Nacional Electoral durante el desarrollo de la campaña.

Plan Furia Bolivariana

El punto número 5 del acuerdo establece el “rechazo de cualquier forma de violencia en el ejercicio político”. Sin embargo, la reciente activación del Plan Furia Bolivariana, anunciado por Nicolás Maduro el 23 de enero de este año, deja entre dicho su cumplimiento. 

Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) (1, 2) consideran que este plan es un mecanismo de represión, control y persecución que abarca distintos patrones, entre ellos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e intimidaciones.

Espacio Público, informó que el 23 de enero de 2024, las sedes de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y partidos de oposición amanecieron con mensajes intimidatorios en sus fachadas externas, después de que se ordenara desde el sector oficial activar la “furia bolivariana” contra activistas y personas defensoras de derechos humanos. 

El País reportó que la organización Laboratorio de Paz documentó en enero que, a solo horas del llamado de Maduro, se registraron 5 ataques contra representantes de partidos de oposición y quedó grabado un intento de secuestro a un político de Bolívar, Douglas Rodríguez, coordinador regional de Vente Venezuela.

“Equilibrio en los medios”

La hegemonía comunicacional se refiere al control o dominio ejercido por un grupo sobre los medios de comunicación y la información, influyendo en la percepción pública y limitando la diversidad de opiniones. En el caso de Venezuela, este fenómeno ha sido objeto de discusión en el contexto de la política y las tensiones sociales.

Por ello, en el pacto suscrito en Barbados -en los puntos 9 y 10- se menciona la “promoción del equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados” y “la participación de todos los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales y redes sociales en la cobertura de la campaña electoral”.

Los documentos revisados para esta verificación, así como los informes de las ONG que se dedican al seguimiento de la labor y los derechos de los medios de comunicación, muestran la realidad comunicacional del país.

La ONG Espacio Público documentó, en el primer mes del año 2024, 24 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, principalmente actos de censura, intimidación y ataques a periodistas, medios de comunicación, activistas y organizaciones de la sociedad civil por parte de actores y funcionarios del Estado. 

En octubre de 2023, la misma organización denunció que “Conatel censuró contenidos y cobertura en elecciones primarias de la oposición venezolana”. Según la nota, se documentaron “llamadas y comunicaciones informales de responsables regionales y nacionales de Conatel a los directivos y propietarios de las emisoras de radio y televisión, en las que recuerdan a los medios que “no están obligados” a dar cobertura al evento porque no es “oficial” al no contar con el respaldo del Consejo Nacional Electoral (CNE)”. 

De ahí que la participación de todos los medios de comunicación en las coberturas electorales de la Elección Primaria y el posterior Referendo Consultivo por el Esequibo, no fue equitativa en el último trimestre del año pasado.

Conclusión

Luego de revisar fuentes documentales con análisis sobre el procedimiento fijado para la revisión de las inhabilitaciones políticas en Venezuela, de cara a la elección presidencial de este 2024, se concluye que es una media verdad la afirmación “se ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco de los Acuerdos de Barbados”, expresada por Jorge Rodríguez, presidente de la AN de 2020.

Durante el análisis de este de discurso público, realizado por el equipo de Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN), se encontró que aunque ciertamente se fijó un mecanismo para la revisión de las inhabilitaciones según el cual 8 opositores ejercieron un recurso ante la Sala Político Administrativa del TSJ, los resultados no favorecieron a 2 de las principales figuras políticas de oposición.

María Corina Machado y Henrique Capriles, permanecen inhabilitados según el fallo del máximo tribunal y dicha decisión ha sido cuestionada desde el punto de vista jurídico por la ONG Acceso a la Justicia, en cuyo análisis asegura que en el caso puntual de la ganadora de la Elección Primaria existen inconsistencias, se violaron lapsos legales y bloqueó el derecho a la defensa. Por otro lado, al revisar punto por punto el Acuerdo de Barbados se determinó que hasta la fecha existe un cumplimiento parcial de lo pactado. En materia de garantías electorales, por ejemplo, solo se realizaron 2 de los 6 puntos concernientes al CNE. Otros enunciados como la promoción de un clima pacífico y participativo, se han vulnerado y algunos de los 12 puntos todavía están en desarrollo, dado que plantean escenarios futuros tales como la fecha de la votación presidencial.

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