La llamada purga anticorrupción que devela un desfalco en Petróleos de Venezuela (PDVSA) y varias tramas de irregularidades administrativas en el Poder Judicial y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) ha acaparado la atención de los venezolanos, dentro y fuera de las redes sociales.
Altos exfuncionarios chavistas, periodistas, medios de comunicación, partidos políticos y venezolanos de pie se han manifestado en portales digitales y plataformas como Twitter preguntándose: ¿Dónde está Tarek El Aissami?, y ¿Por qué no da la cara al país?, ante el vacío informativo y la negativa del Fiscal General de la República de adelantar detalles sobre la posible participación del exministro de Petróleo y si está siendo investigado o no, la opinión pública se va llenando de rumores varios, versiones contrapuestas y desinformación.
En ese marco, mientras algunos periodistas adelantan extraoficialmente que el llamado zar de la industria petrolera permanece bajo detención domiciliaria en Fuerte Tiuna, uno de los rumores que cobró más impulso en las redes sociales da cuenta de su supuesta huida a Siria, en una avioneta privada y junto a sus familiares más cercanos.
El supuesto artículo periodístico, publicado en un portal llamado venezuelaredinformativa.us, anuncia detalles del supuesto escape: “El fugitivo expresidente de PDVSA Tareck El Aissami huyó anoche en un avión Bombardier con destino a Siria. Viajó acompañado de su padre, Zaidan Amin El Aissami, quien es el embajador plenipotenciario en ese país. También lo acompaña su hermano y su hermana, y el marido de ella. La fuente nos informa que la nave partió del aeropuerto de Caracas custodiado por la Guardia Nacional, fiscales del Seniat y otros cuerpo policiales. Queda en el aire esta pregunta: ¿Huyó o lo dejaron escapar?”
Sobre esta unidad, que fue detectada en la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp y replicada en la red social Twitter, en el OVFN verificamos que, hasta el momento, no hay ninguna versión oficial en torno a la situación actual de Tareck El Aissami que permita validar su presunta fuga del país para evitar ser procesado legalmente.
Del mismo modo, tras más de un mes de registrarse la última aparición pública de El Aissami, el 6 de marzo de 2023, tampoco existen en sus perfiles sociales como Instagram, TikTok y Twitter datos verificables que confirmen su presencia en el territorio venezolano en la actualidad, más allá de las versiones que se manejan desde diferentes flancos.
Medios internacionales se han hecho eco de los trinos del exgobernador Rafael Isea, un otrora funcionario chavista, actualmente en situación de asilo en Estados Unidos, pero no hay ninguna indicación oficial que permita validar que El Aissami fue removido de su casa en Fuerte Tiuna para ser imputado por la corrupción de varios funcionarios durante su gestión al frente de la cartera de Petróleo y PDVSA.
De igual forma, otro exfuncionario chavista que se ha referido al caso desde el exilio es el exministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, quien considera que El Aissami no sería imputado, pues maneja demasiada información confidencial sobre cómo funcionan los “bandos del Madurismo”.
Desde Italia, Rafael Ramírez, el también exministro de Petróleo señalado de corrupción por parte del régimen de Nicolás Maduro, tampoco dejó pasar la oportunidad para referirse al caso y fustigar la actuación del fiscal Tarek William Saab, al tiempo que se preguntaba: “¿Donde está Tarek El Aissami y por qué no lo han imputado?
Sin embargo, las actuales figuras del Gobierno Nacional guardan total hermetismo sobre la posible participación de El Aissami en la trama de corrupción que desviaba dinero del petróleo en transacciones de criptomonedas y por la que ya fueron imputados el Superintendente Nacional de Criptoactivos, dos altos militares, un diputado, así como otras 30 personas, entre civiles y funcionarios públicos.
Lo que sí es cierto es que habiendo transcurrido tres semanas desde las primeras detenciones por parte de la Policía Nacional Anticorrupción, se desconoce si el exministro de Petróleo será imputado por responsabilidad penal o administrativa, y su paradero continúa siendo un secreto de Estado.
