El reciente proceso de denuncias y capturas por casos de supuesta corrupción, que ha incluido las detenciones del jefe de la Superintendencia de Criptoactivos, Joselit Ramírez y del diputado Hugbel Roa, así como la renuncia de Tareck El Aissami al cargo de ministro de Petróleo, ha disparado viralización de tendencias en redes sociales y abundante producción de contenidos en todas las plataformas de mensajería.
Ocurre esto, en medio, además, de situaciones vinculadas con el suministro de combustible en el país, que han hecho revivir episodios de largas colas en estaciones de servicio subsidiadas y las llamadas “premium”.
En las últimas horas, adicionalmente, han vuelto a circular bulos con especulaciones sobre supuestas acciones de Estados Unidos contra familiares y allegados a personas relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro, fake news puestas a circular en momentos de inestabilidad institucional.
Estas informaciones, que han sido calificadas como escándalos y conflictos internos entre altos funcionarios del Estado, producen un clima propicio para la circulación de rumores, algunos orgánicos y propios de escenarios de incertidumbre informativa, afines a patrones ideológicos encontrados.
La comunicación humana legítima está llena de válidas opiniones, muchas de ellas enfrentadas en clima de polarización ideológica. De allí la importancia de que el ciudadano comprenda la diferencia entre opinión -en el variopinto panorama entre las más doctas y experimentadas y las más espontáneas, emotivas y en algunos casos irracionales- y la información, curada, elaborada por periodistas con método deontológico, vista crítica y pluralidad de fuentes.
Esta alerta de desinformación no está puesta sobre las opiniones. Se alerta sobre lo potencial del panorama de hambre por conocer -como es de hecho el derecho a saber que tiene el ciudadano- todos los detalles en torno a los actos de corrupción y diferencias entre los altos funcionarios del Ejecutivo, que se escapan de su mirada, ante la opacidad informativa. Se alerta sobre este caldo de cultivo que es visto por laboratorios de desinformación, interesados en distraer a la opinión pública con falsedades disfrazadas de información. Tendrían los desinformadores de oficio la misión de distraer para minimizar el daño patrimonial denunciado -con contenido basura puesto a circular en redes con falsas premisas y expectativas de cambio político-, o el fin de alterar la percepción del ciudadano sobre el propósito, alcance e impacto de las detenciones e investigaciones.
Vuelven a circular bulos caracterizados por aires conspirativos. También otros con elementos exagerados de las consecuencias y choques internos de los funcionarios involucrados en la diatriba política. Otros, así mismo, han vinculado el caso con dudosos elementos probatorios de las presuntas irregularidades.
En medio de un ecosistema comunicacional restringido, y con una esfera de periodismo crítico sin acceso a funcionarios y expedientes que deberían ser del dominio público, la desinformación pulula, sin encontrar transparencia del Estado en la debida publicación de evidencias y elementos que expliquen las irregularidades.
Invitamos al ciudadano a corroborar con medios independientes estos contenidos y a no compartir ni hacer virales las especulaciones no verificadas en torno a los hechos mencionados, pues lejos de ayudar a informar, contribuyen con la vulnerabilidad en el conocimiento sobre estos casos. Si lo ve dudoso, no lo comparta, hasta validarlo con comunicaciones de usuarios oficiales mencionados o medios de reconocida credibilidad.
