Venezuela y la enredada tarea de comprender el sistema tributario

Cortesía: El Carabobeño

Cuando Doris salió a comprar un juego de sábanas, después de reunir centavo a centavo 40 dólares, no se imaginó que una vez más no le alcanzaría. Ella trabaja como maestra y tres veces por semana recibe a 10 niños en la sala de su casa para que aprendan a sumar, a leer y, sobre todo, a compartir.

En Barquisimeto, en el mercado de Terepaima, está Don Arturo quien vende pescado desde que su papá lo llevaba a las playas de Falcón, hace más de 40 años, a cargar la cava con hielo y las maravillas gastronómicas del Caribe. Él heredó el negocio pero “los últimos años han sido duros”. Dice que apenas ahora se está recuperando.

Alessandro desea terminar su carrera para irse a probar suerte en otro país. Está en el séptimo semestre en una universidad privada de Guayana, en Bolívar. De vez en cuando lo contrata un primo para ir a las minas del sur y ganarse unos gramos de oro, que luego cambia para comprar comida y pagar la universidad. Su mamá se fue a Italia y su papá murió por COVID-19. Tiene una hermana que se fue con amigas a Costa Rica. Hablan poco.

Las tres historias citadas tienen un elemento común que hace parte de la foto de la desinformación y la angustia económica de un país que intenta superar la hiperinflación y que trata de encontrar la identidad de su moneda.

El pasado 28 de marzo entró en vigencia una reforma de ley que causó incertidumbre y contrariedad entre la ciudadanía. En principio porque no se consultó y luego porque no expresa con claridad su propósito. Se trata de La Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras que contempla un impuesto de entre 3% y el 20% sobre las operaciones en divisas o criptomonedas distintas al bolívar y al Petro realizadas por personas naturales y jurídicas.

¿Quién paga este impuesto?

Aunque no hay claridad en la norma, varios voceros del gobierno nacional insistieron en que la gente de a pie no pagaría un monto superior a los ya establecidos pero la improvisación y la desinformación marcó los primeros días de implementación.

“Es mentira que todo el mundo tenga que pagar el impuesto”, aseguró el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Farias, según reseñó la web del parlamento.

Pero, pero…

A Doris, quien se fue a un centro comercial a comprar sus sábanas, la vendedora le dijo que debía pagar el nuevo impuesto a las grandes transacciones.

“Vino un fiscalizador del Seniat a supervisar que se esté cobrando el impuesto”, le dijo la encargada de la tienda.

La señora Doris, contrariada, se resignó y salió sin las sábanas que necesitaba, pero que ya no podía llevar a casa porque un nuevo impuesto y la desinformación se lo impedían.

Por su parte, Don Arturo intentó averiguar si cobraba el 3% o el 5% o el 20% a sus clientes, que habían aumentado en la previa de Semana Santa y no se atrevió a hacerlo porque su contador no sabía cómo era el procedimiento.

En el mercado de Terepaima los guaros madrugaron los días previos a la Semana Mayor para tratar de mantener la tradición católica del no consumo de carnes rojas. El señor Arturo vendió y no cobró de más a los que pagaron con billetes de dólares.

Un sistema difícil de descifrar

El 16 de diciembre de 2021 se aprobó la reforma a la Ley de Registros y Notarías. Las modificaciones también ocasionaron contrariedad y molestia en algunos sectores porque se incrementaron las tasas de forma súbita.

La norma cambió el modo de calcular el impuesto pues ya no se realiza de acuerdo a la Unidad Tributaria sino con base al valor del Petro.

Uno de los que aún no entiende qué debe hacer es Alessandro. Tras la muerte de su padre y la migración de su familia, quiere vender algunas propiedades que tiene en Guayana pero su abogado le alertó lo costoso que puede ser registrar la venta de un carro.

“Hasta 400 dólares hay que pagar por un carro que no se vende en más de 3 mil”, se lamenta.

Dice que va a esperar por si aparece un comprador que esté de acuerdo en firmar un contrato privado.

Informalidad y tributos

Un indicador común de la escena económica del país es la incertidumbre. El no tener certezas y confianza genera brechas importantes en los diversos sectores.

Que una persona no sepa si debe cobrar o no un impuesto es difícil de explicar en cualquier país. Que una transacción no pueda sellarse formalmente ante un registro porque el impuesto es muy costoso, favorece la informalidad. Que se proponga pagar impuestos a transacciones cotidianas en divisas le dificulta la vida a la ciudadanía porque la moneda local no circula masivamente.

La hiperinflación deja traumas y muchos prefieren seguir cuidando sus ingresos y transformarlos en divisas que se devalúan menos.

La informalidad de la economía no solo se expresa en comerciantes ambulantes. También se evidencia en facturas que no se elaboran en la moneda con la que se transa y en contratos que no se registran formalmente.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas, Leonardo Palacios, alertó sobre la confusión para calcular las tasas en los registros y notarías del país. La moneda oficial es el bolívar pero la referencia estatal es el dólar y el Petro.

¿Para dónde van los impuestos?

Según las leyes venezolanas, la recaudación fiscal es una estrategia de sostenibilidad que le permite al Estado garantizar bienes y servicios eficientes para brindar una vida digna a los ciudadanos. En los modelos clásicos, los impuestos financian el mantenimiento de carreteras, hospitales, escuelas, sistemas de transporte y tratamiento de aguas, entre otras cosas. Sin embargo, la realidad venezolana muestra un evidente deterioro en esos servicios que mantienen a la ciudadanía molesta y en constantes protestas.

En febrero de 2022 revivieron los apagones en la zona centro-occidental, occidental y andina del país. La escasez de agua potable se intensificó y el colapso de las aguas servidas es la noticia constante en medios digitales, radiofónicos y redes sociales de organizaciones de articulación ciudadana.

En marzo finalizó el plazo para declarar y pagar el Impuesto Sobre la Renta y no fue sino hasta abril cuando se actualizó el valor de la unidad tributaria; la desinformación nuevamente fue la protagonista porque los trabajadores que apenas recibieron un aumento de salario mínimo y no sabían si solo declaraban o también debían pagar.

Hiperinflación y tributos

En Venezuela la política monetaria es confusa, la tributaria es confusa. La ciudadanía se mueve entre la incertidumbre y la angustia de no saber si las concesiones gubernamentales son políticas de Estado o estrategias políticas para el momento.

Después de varios años en hiperinflación, los dólares, los euros y los pesos -en la frontera- circulan en abastos y bodegones por igual. El bolívar sobrevive en las transacciones digitales y el Petro marca el valor de los pagos de impuestos y aranceles.

Historias como las de Doris, las de Arturo y las de Alessandro componen la fotografía financiera del país, sus relatos se multiplican en cualquier rincón, es la evidencia de la cotidianidad que no sale en la propaganda, pero que se impone en la narrativa social y que es incomprensible para los millones de venezolanos migrantes que tratan de seguir la pista al enredado sistema financiero revolucionario.

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