Venezuela y Estados Unidos: sanciones, opacidad y desinformación

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, Estados Unidos levantó sanciones individuales a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y a su hermano y presidente del parlamento, Jorge Rodríguez sin explicar los motivos de este cambio. Otros altos funcionarios siguen sancionados, mientras la falta de transparencia alimenta dudas sobre los criterios aplicados y su relación con los nuevos acuerdos bilaterales entre Caracas y Washington.
Fuente preferida Fakenews Venezuela

¿Cuál es el criterio que se aplica desde Estados Unidos en materia de sanciones a figuras del poder político en Venezuela? ¿Por qué unas sanciones se mantienen y otras no y qué saben los venezolanos al respecto?

Hagamos una mirada al pasado reciente en la materia. Distintos gobiernos de Estados Unidos -Barack Obama -en su segundo período-, Donald Trump -primer gobierno-; Joe Biden y de nuevo Donald Trump, habían mantenido sanciones a funcionarios de gobierno en Caracas, bajo una narrativa que alegaba violaciones a Derechos Humanos y condiciones de represión que sufría el pueblo venezolano.

Durante el primer mandato presidencial de Donald Trump, a escasos meses de iniciar su primer gobierno, el Departamento del Tesoro emitió una sanción contra Nicolás Maduro, que aún se mantiene, con la mirada en el derecho al respeto de los estándares democráticos de los venezolanos: 

“Estas sanciones llegan un día después de que el Gobierno de Maduro celebrara elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que aspira ilegítimamente a usurpar el rol constitucional de la Asamblea Nacional democráticamente electa, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario al pueblo de Venezuela. Como tal, representa una ruptura del orden constitucional y democrático de Venezuela”, traducción fiel de la medida anunciada el 31 de julio de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Detallaba el comunicado que el gobierno de Maduro había “abusado deliberada y repetidamente de los derechos de los ciudadanos mediante el uso de la violencia, la represión y la criminalización de las manifestaciones”. 

La continuidad de las actuaciones del gobierno venezolano en la materia produce que el 25 de septiembre de 2018 se extiendan las sanciones a Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Vladimir Padrino López, bajo la premisa de su cercanía con Maduro: “El presidente Maduro depende de su círculo íntimo para mantenerse en el poder, mientras su régimen saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela. Seguimos designando a leales que permiten a Maduro afianzar su control sobre los militares y el Gobierno mientras el pueblo venezolano sufre”.

Después de la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, el 3 de enero de 2026, algunas relaciones y narrativas cambiaron. La situación, en el marco de decisiones que allanaron el camino a un acuerdo en materia petrolera considerado una gran victoria por la actual administración estadounidense, parece haber dado un giro.

Estados Unidos levantó las sanciones individuales a Delcy Rodríguez el primero de abril de 2026; al exprocurador Reinaldo Muñoz Pedroza, el 14 de abril de este año (había sido sancionado en 2020 bajo el argumento de que al ser nombrado en el cargo por el Tribunal Supremo de Justicia era parte de las figuras que habían socavado el orden democrático); y, también, el mismo 14 de octubre, a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. En ningún caso, el Tesoro estadounidense publicó los motivos del levantamiento de sanciones a estos funcionarios.

Paralelamente, en medio de nuevos acuerdos entre las administraciones Trump-Rodríguez, la OFAC ha emitido más de una docena de licencias generales que autorizan transacciones puntuales (petróleo, banca, deuda, algunas operaciones de Conviasa, telecomunicaciones, ayuda por el terremoto). Las medidas no han significado un levantamiento general de las medidas.

Siguen sancionados por la OFAC, entre otros, Diosdado Cabello, Tarek William Saab, Vladimir Padrino López, Nicolás Maduro y Cilia Flores, además de PDVSA, el Banco Central de Venezuela, Conviasa, Minerven y Globovisión, entre otras.

Surgen las dudas en el ciudadano de a pie, sobre cuál es el criterio del levantamiento de sanciones. También crecen las expectativas y necesidades de mayores detalles informativos sobre el acuerdo por el cual Estados Unidos tendría control mayoritario sobre una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas, estimadas en unos 300.000 millones de barriles. La Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, impulsó la reforma de la Ley de Hidrocarburos para permitir mayor participación de firmas internacionales 

La desinformación genera especulaciones sobre una política no declarada, pues se observa que los levantamientos coinciden con hitos de la negociación bilateral, tales como el reconocimiento del gobierno encargado que encarna Delcy Rodríguez, así como los avances en materia de cooperación petrolera y los diálogos oficialismo-oposición respaldados por Washington.

Quienes permanecen sancionados, por un lado, concentran los perfiles de seguridad, defensa e impartición de justicia (Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Tarek William Saab); y por otro, son los que encarnan las capturas en enero de 2026 (Maduro y Flores), protagonistas de procesos judiciales en Estados Unidos. Al no existir explicación oficial del criterio de levantamiento o mantenimiento, el espacio lo llenan versiones no verificables. 

Mientras prosigue la opacidad sobre cuál es el criterio aplicado para estos levantamientos de sanciones, también persisten unidades de desinformación sobre el tema, con declaraciones recicladas del pasado, que descontextualizan las actuales posturas políticas en el marco de la nueva relación bilateral, posterior al 3 de enero de 2026.

En este contexto venezolano, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años más -hasta octubre de 2028- el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de seguir documentando posibles violaciones de Derechos Humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas en el país, ante evidencias compiladas por este organismo.

Las violaciones graves de los Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad no prescriben, de acuerdo con tratados como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Naciones Unidas en 1968. Al menos teóricamente, los órganos judiciales de cada país deberían aplicar las disposiciones de la convención, y en el plano internacional, de esta línea normativa se tendría que encargar instancias como la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, o cortes de Derechos Humanos, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en Costa Rica. 

Es de acotar que, durante su discurso ante la 81 Asamblea General de la ONU en septiembre de 2026, Donald Trump tildó a la Corte Penal Internacional como un «grupo de personas malvadas» y una «institución deshonesta» o fuera de control. 

En contraste, cinco días antes de levantar las sanciones contra Jorge Rodríguez, el gobierno de Estados Unidos impuso nuevas y amplias sanciones contra la CPI el 9 de octubre de 2026, mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. Son sanciones económicas y restricciones de visado dirigidas contra fiscales, magistrados (incluyendo a nueve miembros de la CPI) y personal del tribunal, reforzando las medidas punitivas debido a las investigaciones y órdenes de arresto emitidas por la corte. 

Organizaciones como Human Rights Watch advirtieron que estas sanciones afectan gravemente las operaciones financieras y el sistema de justicia global.

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