Silencio y desinformación en torno a las deportaciones de venezolanos a Liberia
El mes pasado un largo vuelo llevó a migrantes, muchos de ellos venezolanos, desde territorio de Estados Unidos a Liberia, país de la costa oeste de África. Según reportes periodísticos, viajaron encadenados y no fueron notificados de su destino al subir en la aeronave. Los gobiernos de Washington y Caracas coinciden en una política de opacidad sobre esta nueva práctica para la deportación de migrantes a un tercer país.
La desinformación no solo trata de campañas de información falseada. También versa sobre silencios inexcusables en asuntos de máximo interés público. La turbulencia de anuncios en la reciente reapertura comercial entre Estados Unidos y Venezuela tiene un volumen importante de noticias, declaraciones oficiales y comunicados por parte de ambos gobiernos.
En ese contexto, ocurrió una deportación de migrantes el 20 de agosto de 2026. A diferencia de otras movilizaciones previas que han involucrado a venezolanos, esta vez el vuelo no salió a Venezuela, sino al Aeropuerto Internacional Roberts, en las afueras de Monrovia, capital Liberia, llamada así en honor a James Monroe, quinto presidente de Estados Unidos, quien estableció dictámenes para la colonización de ese territorio africano, convertido en nación por iniciativa estadounidense.
Poca información oficial ha circulado, de parte de Washington y Caracas, en torno a la movilización de estas personas, su número exacto, sus identidades y el por qué fueron llevadas a Liberia, una nación de África sin lazos culturales, comerciales y/o políticos con Venezuela.
Los deportados, según reportes de diversos medios, tales como El País de España, se enteraron pocas horas antes de que serían llevados a Liberia. En el vuelo de 15 horas desde Alexandria, Luisana, con una escala técnica en Dakar, Senegal, viajaron encadenados, en estado de confusión, desorientación y pánico, según testimonios y reportes de prensa.
Trascendió que seis de los pasajeros del vuelo —cuatro ciudadanos cubanos y un brasileño entre ellos— se resistieron físicamente a descender de la aeronave en Monrovia, argumentando la ilegalidad de su traslado forzoso y que, ante la negativa y la falta de protocolos de desembarco forzado por parte de las autoridades liberianas, el avión del ICE despegó y los condujo sin previo aviso hacia Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial.
Los catorce deportados restantes eran, en su mayoría, venezolanos que contaban con órdenes judiciales de «retención de remoción» (withholding of removal) o amparos bajo la Convención Contra la Tortura (CAT), lo que legalmente impedía su devolución forzosa a sus países de origen. La crítica principal surge porque, mediante estas prácticas basadas en acuerdos transaccionales, las autoridades han ignorado estas salvaguardas sin dar a los afectados una oportunidad real para impugnar la medida. Fueron trasladados a un hotel en Marshall, localidad costera a cincuenta kilómetros de la capital liberiana.
Se habría considerado que, a pesar de la actual relación entre Estados Unidos y Venezuela, no podían ser repatriados a su país, debido a los riesgos sistemáticos de persecución política. De esta forma, el gobierno de los Estados Unidos instrumentalizó un acuerdo bilateral para externalizar su custodia enviándoles a una de las naciones más empobrecidas del mundo.
Más allá de informar sobre la alianza para la deportación de 1200 personas a Liberia, y confirmar el traslado del 20 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha ofrecido declaraciones ni comunicados sobre los detalles específicos, el criterio de selección de las personas llevadas a un tercer país y la negociación del acuerdo con Liberia.
El gobierno de Liberia se limitó a informar que los deportados serán recibidos como huéspedes y podrán solicitar asilo o abandonar el país. Tampoco el gobierno de Venezuela ha emitido mayores solicitudes sobre el estado de las personas llevadas.
Las principales dinámicas de esta falta de transparencia y opacidad en la materia, abarca la ausencia de notificación previa sobre su expulsión ni el país de destino final antes de ser embarcadas en los vuelos.
Efecto Cocuyo informó sobre el caso del venezolano Carlos Téllez, uno de los deportados. Él había sido detenido cuando asistía a una cita migratoria de rutina en diciembre de 2025 y se entera de que su rumbo era Liberia, únicamente al vislumbrar de casualidad su nombre en un manifiesto de vuelo pocas horas antes del despegue, sin haber tenido la oportunidad de comunicarse con su familia ni con su abogado.
El Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes (USCRI), por sus siglas en inglés, reportó que el poder ejecutivo de los Estados Unidos ha buscado y firmado acuerdos con más de 50 naciones para que reciban a personas deportadas (que con frecuencia no son ciudadanos de esos países de acogida).
En publicaciones vinculadas a su labor de monitoreo, que realizan con una herramienta denominada Rastreador de Deportaciones a Terceros Países (TCD Tracker), el USCRI subraya que la gran mayoría de estos convenios e incentivos diplomáticos se mantienen bajo confidencialidad.
La desinformación producto del secretismo al respecto, ha significado obstáculos en los procesos de defensa a los migrantes.
En ocasiones, la desinformación también surge de parte de los gobiernos que aceptan los traslados a cambio de incentivos financieros. Ejemplo de esto, ocurrió en Esuatini, antes conocido como Suazilandia. Ante la huelga de hambre del migrante cubano Roberto Mosquera, que protestaba por su reclusión prolongada en una prisión de alta seguridad, el gobierno local emitió un comunicado oficial afirmando falsamente que el recluso se encontraba únicamente «fastidiando y orando».
La situación de Mosquera fue denunciada públicamente por la abogada estadounidense Alma David, de la firma Novo Legal Group, quien ejercía su defensa legal y ampliamente difundida por agencias de noticias internacionales como The Associated Press (AP) y CBS News, así como por medios locales africanos (como el Swaziland News). La abogada desmintió categóricamente el comunicado de la portavoz del gobierno de Esuatini, Thabile Mdluli, aclarando que no se trataba de un ayuno voluntario por «extrañar a su familia», sino de una huelga de hambre legítima para protestar contra su detención indefinida en el Complejo Correccional de Matsapha.
