Las restricciones en Internet aumentan. En 2021, de los 244 casos de violaciones a la libertad de expresión registrados por Espacio Público, 42 % están vinculadas a la red. Esta cifra supera por 12 puntos a la de 2020. Especialistas denuncian el uso de estrategias “estilizadas” para criminalizar la libre difusión de información.
Reina, una joven periodista y coralista, solía escribir en su muro de Facebook opiniones sobre “las incoherencias” que escuchaba en alocuciones del gobierno, manifestaciones opositoras o denunciaba fallas en los servicios públicos y en la asignación de bonos gubernamentales. “Facebook era como mi lugar para la expresión, de lo que yo sentía y veía”, dice.
Por precaución, hace un par de años dejó de responder a la pregunta “¿Qué estás pensando?”. Y vaya que seguía pensando. “Si quieres trabajar en algo del Estado o te ves en la obligación de hacerlo, tus redes van a ser revisadas”, le dijeron unos conocidos vinculados al gobierno.
El año pasado Reina recibió una llamada para trabajar en el área de Comunicaciones de Pdvsa: “Me dijeron que iban a revisar mis redes sociales, publicaciones (…) también debía sacar el carnet de la Patria”. No lo aceptó. El miedo la hizo ser aún más cuidadosa en sus redes. Para entonces, también formaba parte del coro de la Alcaldía de Caracas. “En cierta forma me sentí vigilada porque tenía a mis compañeros agregados en Facebook. Lo mejor era evitar alguna polémica o despido”.
El Estado sacó de su paso a los medios de comunicación tradicionales y espacios de opinión. Desde 2004, al menos 300 medios de comunicación dejaron de existir. En el país, solo quedan 20 medios impresos en 14 estados, Ipys Venezuela llegó a registrar 130. La línea de tiempo de la censura en Venezuela que se hizo evidente en 2007 con el cierre de RCTV, ahora tiene una nueva ruta: entornos digitales, redes sociales, mensajería instantánea, incluso, la privacidad y datos personales.
“Buena parte de los casos se han trasladado a Internet. Eso ha permitido, en el mal sentido de la palabra, innovar de cara a limitar la libertad de expresión”, dice Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público.
El miedo y la opacidad componen los mayores riesgos que atentaron contra la libertad de expresión en el país en 2021: el informe de Ipys Venezuela “La Orquestación del Silencio” da cuenta de un nivel moderadamente grave para el ejercicio periodístico y denota la existencia de “algo de libertad de expresión”.
El intento por regular el contenido en Internet fue claro en 2021 cuando Nicolás Maduro mencionó a las redes sociales como parte de un “capítulo especial” a discutir en la Asamblea Nacional. Mientras esto prospera, la cuestionada Ley Contra el Odio de 2017, además de las restricciones a medios y plataformas digitales por parte de Cantv y Conatel, cercan la libre difusión de información y opinión.
El hostigamiento, la persecución y las restricciones toman cuerpo en Internet. “Hay intentos de modernización que van a la par del alcance de las tecnologías de la información”, asegura Rodríguez. De los 244 casos de violaciones a la libertad de expresión registrados en 2021 por Espacio Público, 42 % están vinculados a Internet. Esta cifra supera por 12 puntos a la de 2020. En la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, Venezuela se encuentra en la posición 159 de 180 países. Este lugar categoriza al país como “situación difícil” para el periodismo.
Espacio Público y Ve Sin Filtro han documentado estrategias “más modernas” y “estilizadas” contra la libertad de expresión a partir del uso de recursos tecnológicos: bloqueos, ataques de denegación de servicios a medios informativos en la web, detenciones arbitrarias por difusión de contenido crítico en redes sociales y mensajería instantánea, denuncias de contenido por derechos de autor en sitios web, acceso indebido a datos personales y revisión a equipos.
“Varían los medios, pero el objetivo sigue siendo criminalizar la libre difusión de información, incluso la de interés público”, apunta Rodríguez. De las 35 personas detenidas en 2021 por buscar, recibir o difundir información, 10 fueron por contenidos en línea; al menos 3 estuvieron vinculadas a WhatsApp y 2 a TikTok.
Otra estrategia contra la libertad de expresión es la confiscación ilegal de equipos. Espacio Público y Ve Sin Filtro registraron 31 casos con más de 20 periodistas afectados: Los policías solicitan desbloquear el teléfono por una “operación de rutina” y revisan fotos, audios y videos, redes sociales. “Es una dinámica relativamente reciente y además tiene impacto en la violación a la privacidad e incluso derecho a la propiedad. Está tangencialmente vinculada con Internet”, señala Rodríguez.
Para Ve Sin Filtro la censura en Internet está relacionada con la crisis sobre la legitimidad del presidente de Venezuela. A partir de entonces, fueron más los bloqueos mientras que los ataques informáticos empezaron a ser masivos. Solo en 2021 casi 60 sitios web fueron bloqueados, la mayoría son medios de comunicación. Destacan 2 dominios de plataformas de VPN para evadir la censura.
Pero la censura va más allá de los bloqueos. Ve Sin Filtro observa “estrategias pseudo legales para intimidar o forzar la remoción de contenidos”, una técnica casi no vista en Venezuela antes de 2021. Y explica en su informe: “Esta modalidad incluye la solicitud de suspensión de servicio a críticos proveedores y plataformas en línea por supuestas violaciones de derechos de autor”.
La intención: tumbar la página web. Rodríguez señala que en muchos casos el contenido que se solicita remover son trabajos periodísticos sobre corrupción o donde se hace mención a un alto funcionario. No descarta la participación indirecta de factores estatales en esta práctica.
“La actualización en las restricciones va de cara a lo que está siendo más consumido por la población. Evoluciona a la par de las demandas tecnológicas”, destaca Rodríguez. Para Ipys Venezuela los cambios en el ejercicio del periodismo hacia el entorno digital, supone que la mayoría de los reporteros están priorizando la formación en derechos digitales. El mayor número de trabajadores de la prensa están en medios digitales.
Censura naturalizada
El 3 de mayo -con motivo al Día de la Libertad de Prensa- 19 medios de comunicación independientes tuvieron en común una imagen que mostraron en sus redes sociales: “El bloqueo es censura”.
La falta de disponibilidad de información pública también es una preocupación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En marzo de este año hizo referencia a 7 medios de comunicación con el acceso bloqueado a sus sitios web y el cierre de 8 estaciones de radio y programas radiales por orden de Conatel.
El informe de Ipys Venezuela “La Orquestación del Silencio” señala que más de la mitad de los periodistas omiten información de interés público. Los motivos: sanciones legales, no delatar a una fuente, medidas de censura, para no afectar a un familiar y amigo. En 2021 algunos periodistas enfrentaron amenazas y campañas de criminalización en plataformas digitales, tuvieron que eliminar contenidos ya publicados o atender a órdenes de censura por parte de proveedores estatales y privados.
Según Espacio Público menos del 40 % del total de medios e iniciativas comunicacionales trabajan la fuente política, mientras que solo 25 % la fuente económica.
“Hemos visto cómo la censura y las restricciones del ejercicio de la libertad de expresión han llegado a un punto en el que se han naturalizado (…) Debido a este contexto tan restrictivo, creemos que lamentablemente la forma en la que están funcionando muchos medios de comunicación en el país se han adecuado a este tipo de condicionamientos”, opina Daniela Alvarado, coordinadora del estudio “La Orquestación del Silencio”.
