Protestas en Venezuela: Lo que gritan las calles no llega a los oídos de la gente

Las movilizaciones desaparecen por la censura y la autocensura, la pérdida de liderazgo, las fallas en los servicios públicos y la manipulación. Entre enero y mayo de 2022 se han reportado 3.300 protestas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Las manifestaciones se organizan por whastApp, redes sociales y cara a cara, pero son invisibles para la población.

El 30 de abril de 2022, poco después de las 3:00 p.m., tres amigas se encontraron para participar en otro juego de despedidas: un estudiante de artes marciales que se marchaba a hacer su patria en otro país. A una de ellas, periodista, le preguntaron de inmediato cómo había sido su semana. “Full trabajo. No he salido de una sola protesta”, respondió.

-¿Protestas? ¿Cuáles protestas? -preguntó una de las amigas. Yo no he visto nada. Aquí todo está normal.

-¿Protestas dónde?- inquirió la tercera. Solo faltó que a la periodista la acusaran de mentirosa.

Ella replicó: “Casi todos los días hubo protestas. Los empleados públicos, los profesores universitarios…”, a lo que sus amigas respondieron con gestos de asombro y duda. “Bueno, bueno. Como que solo tú te enteraste”, comentó una de ellas. Y cambiaron de tema.

En Venezuela se ha protestado -y se protesta- mucho. “Yo lo he hecho toda mi vida”, afirma Roberto, jubilado de la administración pública, durante una concentración en la plaza de La Moneda, en Caracas. Somos una sociedad que siempre ha manifestado, sostiene la profesora Margarita López Maya, historiadora, integrante del comité directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Para protestar, agrega, la población ha tenido que saltar obstáculos. En contextos autoritarios, como el actual, “la gente ha buscado cómo convocarse por una vía o por otra: Construye redes en sus comunidades, en sus organizaciones y busca la forma de organizarse, reunirse y planificar sus movilizaciones”.

Siempre protestando

Han variado las razones de las movilizaciones. Las de la década de 1960 estuvieron asociadas con la lucha guerrillera, rememora López Maya, más de  una vez derrotada la insurgencia, los problemas socioeconómicos pasaron a ser el motivo principal: “Cuando comienza el desmoronamiento del sistema político venezolano, a partir del Caracazo (1989), se abre un proceso intenso en el que muchos actores van a la calle a protestar. Son actores que antes canalizaban sus aspiraciones por los partidos políticos, pero cuando los partidos comienzan a ser rechazados, van directamente a las calles”.

En los años 90 del siglo XX, describe López Maya, venezolanos de diferentes identidades políticas “se van a las calles a interpelar desde las calles”. Estas manifestaciones se organizaban mediante llamadas telefónicas y por el boca a boca, apunta la investigadora; en esa época no había wasap, ni teléfono celular. El cierre de vías de comunicación, la forma más común de protesta en esa época, también se convirtió en la acción más reprimida por el Estado.

Después de 1999, con la llegada del chavismo al poder, hubo “una especie de eclosión de la movilización de calle, que se convoca por todos los canales; sobre todo, en los primeros años de Hugo Chávez, cuando en la Constitución se asentó el derecho a la manifestación pacífica y se hicieron esfuerzos para bajar la represión”, cita López Maya. No fue así, aclara, durante todo el periodo de Chávez, porque los espacios se cerraron.

Con el mandatario Nicolás Maduro el descontento parece haberse acrecentado, a juzgar por el número de protestas. “Entre 2013 y 2021 se registraron 81.898 manifestaciones”, refiere Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Si se añaden las ocurridas hasta mayo de este año suman más de 85 mil “durante la gestión de Nicolás Maduro, lo que deja muy claro el rechazo que ha existido al gobierno o al régimen”.

Muchas, pero ignoradas

Antes de que irrumpiera la pandemia, en el primer trimestre de 2020, la conflictividad social estaba a flor de piel por razones tales como “políticas públicas ineficientes, la profundización de la emergencia humanitaria compleja, la represión a la sociedad venezolana”, enumera Ponce.

El decreto de cuarentena, el temor al contagio y posiblemente a una represión aún mayor frenó las salidas. Una vez reducido el miedo a la enfermedad, los grupos sociales volvieron a hacer de las calles su tribuna. “Los venezolanos continúan protestando. Lo hemos visto en todo el año 2022. Durante los primeros cinco meses en el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social hemos logrado documentar 3.300 protestas en todo el país”, señala Marco Antonio Ponce.

Es decir, una cifra equivalente a 22 por día. “Estas protestas representan 19 % de aumento en comparación con los primeros cinco meses de 2021, lo que pone en evidencia que ha seguido aumentando la protesta en nuestro país”.

Ahora, como lo confirma Margarita López Maya, el descontento es por razones socioeconómicas y puede pasar desapercibido. “No hay dirigentes políticos movilizando a la población. Hay sectores sociales y comunidades cuyos liderazgos son desconocidos o espontáneos”.

El instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que reduce los salarios del sector público hasta en 70 %, ha sido la gasolina para las concentraciones callejeras desde marzo de 2022. Las convocatorias se hacen por el boca a boca y en grupos de wasap, puntualiza Inti Rodríguez, activista de derechos humanos. El wasap es la red de comunicación más utilizada por los venezolanos (32,9 % de acuerdo con el estudio de la encuestadora Datincorp difundido en mayo pasado).

Las personas han buscado la manera de activarse y de invitar a otras a que lo hagan. Pero esas movilizaciones no siempre son conocidas. En un ecosistema mediático con nuevos dueños, hostilidad del poder hacia medios y periodistas y un discurso público enrarecido por las tendencias impuestas en redes sociales mediante los famosos bots o los asalariados de las redes, se imponen otros temas de debate. Y siempre tendrá el gobierno las herramientas para convertir una protesta en su contra en una actividad que le favorezca políticamente.

Caso reciente: el ataque al dirigente opositor Juan Guaidó en el estado Cojedes, presentado por medios y voceros afines al oficialismo como una muestra de supuesto rechazo popular a pesar de que los agresores presuntamente eran afines al madurismo.

En el presente, los mecanismos de convocatoria de protestas no son tan abiertos como en el pasado, pero aun así “las personas que participan en manifestaciones se enteran por sus entornos”, explica Ponce. Los grupos de wasap, las cuentas en Twitter e Instagram son herramientas importantes de difusión. “También el boca a boca funciona para trabajadores y vecinos”, a fin de coordinar la hora y el sitio de una concentración. Se ha ido consolidando la modalidad de “los autoconvocados”. “Los canales tradicionales se sustituyen por las redes sociales”, dice Inti Rodríguez.

Claro, esta es un arma de doble filo: puede enterarse mucha gente, pero -como lo detalla el activista- “mucha gente no se entera, no asiste, no entiende las razones y no se compromete”.

La visibilización de esas protestas queda en veremos. “Cada día es más difícil, para los medios de comunicación, expresar libremente lo que ocurre en el país. Es muy difícil la difusión de las manifestaciones. Incluso, para el Observatorio de Conflictividad Social se ha convertido en un desafío, con el correr de los años, poder acceder a la información”, expone Ponce.

“Es muy difícil que la gente sepa de una protesta”, enumera Rodríguez. Muchos medios han cerrado, otros medios prefieren no involucrarse para no correr riesgos; también hay un problema de liderazgo en todos los niveles que ha roto los canales de comunicación naturales entre los líderes y las bases”.

La investigación de Datincorp reveló que el medio usado por los venezolanos con mayor frecuencia para enterarse de un acontecimiento son las redes sociales (45,5 %), la televisión por cable (17,5 %) y la radio (16,25 %). Para saber qué pasó hay que buscar bien y sobreponerse a la caída de internet y los bloqueos (que impiden ver los portales digitales), las fallas eléctricas (que apagan la voz de las radios y de los canales de televisión), la censura y la autocensura.

La población no se entera como antes “porque los medios de comunicación han sido cercenados”, admite Carolina Williams, jubilada y manifestante. Ella asumió una doble lucha: por sus reivindicaciones y para que Venezuela se entere de lo que están exigiendo. La gente común “está abocada a sobrevivir, y en eso se le pasa el tiempo y pocas veces sabe que hay protestas en las calles”, razona Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital.

Censura y represión diferenciadas

La censura y los desórdenes informativos no se aplican por igual a todas las movilizaciones, evalúa López Maya. “La censura es fuerte cuando las manifestaciones tienen contenido político, cuando el poder se siente amenazado por un actor político”, razona. “El gobierno de Maduro es hábil para dejar pasar las cosas que no lo amenacen demasiado, pero para frenar las que sean un peligro para su consolidación”. ¿Cuáles puede valorar el poder como “peligrosas”? “Cuando las protestas no son fragmentadas y dispersas, o cuando ocurre un estallido social”.

Un 79 % de las manifestaciones de 2022 están relacionadas con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, detalla Ponce. “Las protestas laborales y las protestas sobre servicios básicos han estado en el epicentro de las exigencias ciudadanas. Las principales modalidades de protesta han sido las concentraciones en las instituciones gubernamentales, los cierres de calles y las marchas”. La gente va directo a la cabeza, por decirlo de alguna manera, e identifica la institución que puede darle respuesta. Pero el gobierno también va “a la cabeza”.

Como lo recuerda Ponce, el ejecutivo de Maduro “se ha caracterizado por establecer una política de represión hacia las personas que piensan distinto y lo hacen público; hacia las personas que exigen sus derechos”, contra las zonas populares. “La cifra de ejecuciones extrajudiciales ha ido aumentando en los últimos años. En los últimos cinco años se han registrado 251 asesinatos en el contexto de manifestaciones; principalmente ha sido responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado y de civiles armados que han realizado sus operaciones con el aval, y en muchos casos, en coordinación con los cuerpos de seguridad. Estamos hablando de civiles armados que también se denominan en Venezuela colectivos armados”.

El sistema de justicia venezolano, además, “criminaliza y ha judicializado la protesta. Esa protesta y esa judicialización tienen que ver con una política de Estado que intenta oprimir a las personas para que no exijan derechos, para que tengan temor y no salgan a las calles”, agrega Ponce. Pero los datos revelan que, pese a ello, la movilización continúa, y a escala nacional: no solo en las ciudades o los centros de poder, sino en todo el país, e incluso, en zonas rurales, donde se siente con fuerza la crisis.

Países como Cuba y Rusia, aliados del gobierno venezolano, “siempre han sido expertos en propagar mentiras. La mentira es una política de Estado en Rusia, Cuba y Venezuela”, indica López Maya. Incluso “hay salas situacionales, salas para la guerra sucia”.

La mesa está servida para los desórdenes informativos. “Vemos que los sectores políticos, tanto los afectos al gobierno como los opositores, han utilizado fake news para tratar de imponer su narrativa, o creando situaciones que no están ocurriendo”, puntualiza Ponce. En el caso del Observatorio el camino para esquivar la manipulación ha sido validar todo lo que reciben, buscar dos y tres versiones sobre un hecho, verificar con fuentes en el terreno y comunicarse con reporteros.

Parece que nadie se salva. “Incluso, grupos que aspiran a un cambio en Venezuela proyectan estas desinformaciones con tal de crear una matriz de opinión, una situación que muchas veces no es lo que está ocurriendo. En el caso del gobierno venezolano constantemente está tratando de ocultar lo que ocurre en la nación, y para eso impulsa fake news, impulsa narrativas a través de medios y redes para que la gente se encuentre sin datos certeros para tomar decisiones o para saber realmente qué ocurre en Venezuela”.

Estas prácticas alimentan la incertidumbre. “Ahora estamos registrando una serie de protestas en Cariaco (Sucre) porque asesinaron a un muchacho presuntamente bajo tortura, y la información que llega a Caracas no es exactamente de lo que ocurre allá”, plantea Inti Rodríguez. La información de reuniones, protestas, comunicados de la familia “no llega, o llega distorsionada; quizá no se está recopilando de manera correcta”.

Del interior del país, con poco o ningún medio de comunicación, un miedo al poder tal vez más marcado que en Caracas, fallas en servicios de comunicación y ausencia de información oficial, “la poca información llega a cuentagotas o distorsionada”. En los estados del sur, por ejemplo, donde se desarrollan conflictos “que involucran las gobernanzas criminales y que involucran luchas por el territorio, la ausencia de un correaje de información fluido genera más riesgos” de desinformación.

Tantos ingredientes en poco ayudan a recomponer “el músculo social” venezolano, diagnostica Rodríguez, porque “al no existir canales efectivos de comunicación la gente no se involucra”.

Roberto, jubilado de los que no falta a ninguna concentración en la plaza de La Moneda -a unas tres cuadras del Palacio de Miraflores-, tiene sus estrategias para saber de las movilizaciones y sumarse. Como lo predica: “Siempre estaré del lado de los trabajadores, se llame oposición, se llame derecha o izquierda. Yo no me ubico en sectores; me ubico en la dignidad y el respeto por los seres humanos”. ¿Cuántos están al tanto?

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