Nuevos indicadores miden la desinformación promovida por la acción gubernamental
La desinformación afecta a las democracias, en la medida en que perturba la conformación de opinión pública, al alterar y socavar la calidad de la información de ciudadanos, con tácticas que también fuerzan -al gusto de quien se esfuerza en manipular- decisiones en asuntos de gobernabilidad, preferencias electorales y denuncias sociales. La mentira en lo propagandístico, en la distorsión de los mensajes en una comunidad, ha sido abordada en el pasado por autores tales como Hannah Arendt, quien, al referirse a la mentira política, deja clara la pretensión de fondo: el propósito es sustituir una realidad, por otra.
Dado el impacto de la desinformación en el sistema de creencias de una sociedad y en sus tomas de decisiones, en los últimos años han surgido diversas iniciativas académicas y bancos de conocimiento creados por equipos multidisciplinarios que han difundido la importancia de atender la calidad de información que recibe el ciudadano y los potenciales problemas que acarrean los contenidos engañosos en la toma de decisiones. A partir de esto, el factor desinformación y su impacto en la restricción de derechos informativos de la población ha comenzado a medirse, a estudiarse y a compararse, como componente de aspectos tales como la libertad de expresión y de prensa y la confianza en la información que las sociedades atribuyen a los contenidos que viajan por internet.
Presentamos algunas de las conclusiones de estudios recientemente publicados en materia de la confianza a los contenidos que circulan por redes y las actuaciones de las instituciones del Estado para garantizar o al menos permitir que la ciudadanía esté bien informada y con libertad de expresarse sobre lo que realmente ocurre.
Informe “Libertad en la red 2024: la lucha por la confianza en internet”, de Freedom House
Este informe de Freedom House, producto de un estudio anual, tiene ya 14 emisiones. En su última edición, difundida el pasado 16 de octubre, evalúa, con la participación de 95 personas, entre expertos y analistas, la libertad de internet en 72 países, en el período comprendido entre junio de 2023 y mayo de 2024.
Las naciones mejor evaluadas del hemisferio americano fueron Canadá y Chile, que empataron en el tercer puesto de la medición, con 86 puntos de un máximo teórico de 100. Cuba fue el país peor valorado de la región, con 20 puntos y calificado como “No Libre”.
La medida sintética de esta medición de Freedom House ofrece una perspectiva en torno a la situación de los países evaluados, mediane 21 indicadores separados relacionados con los obstáculos al acceso, los límites de contenido y las violaciones de los derechos de los usuarios.
En el informe se evidenció que, de los 72 países evaluados, en al menos 56 se practicaron detenciones de usuarios de internet, debido a expresiones en temas sociales, políticos o religiosos; adicionalmente, que en 43 de las naciones ocurrieron ataques físicos o asesinatos en represalia a actividades en línea.
Llama la atención que, en las conclusiones del informe, el aspecto de la desinformación es abordado en términos de las interrupciones al acceso a internet, ocurrido en al menos 25 países de los 72 evaluados.
De los países analizados, hubo 41 que celebraron o se prepararon para realizar elecciones. Hubo restricciones en al menos 25 de estas naciones, bien con bloqueos de sitios web que alojaron discursos y narrativas disidentes, o con restricciones de acceso a las plataformas de redes sociales. Adicionalmente, el barómetro también midió lo relativo a la manipulación de información por parte de voceros gubernamentales: en al menos 21 de las 41 naciones con procesos electorales en puertas o dentro del lapso de análisis, hubo manipulación informativa por parte de voceros gubernamentales.
Indica en esta ocasión, en la cual se denuncia que la libertad de internet cayó a escala global por décimo cuarto año consecutivo, que «la gente está luchando por acceder a información creíble en línea, y la proliferación de contenido falso o engañoso está avivando la duda en los resultados de las elecciones y sembrando la desconfianza a largo plazo en las instituciones democráticas», palabras de Nicole Bibbins Sedaca, presidenta interina de Freedom House. A escala global, China y Maynmar fueron los peor evaluados, empatados en el último escalón, en la franja de países “No Libres”
La situación de Venezuela en este informe es la siguiente: con 30 puntos sobre 100, y en la franja de naciones consideradas “No Libres”, el país es uno de los que presenta severas restricciones a la libertad de internet, con situaciones que incluyen actos deliberados de interrupción de internet, comunicaciones y medios en línea bloqueados, bloqueos a sitios web de interés político, usuarios de internet arrestados por actividades on line, usuarios de internet agredidos físicamente por sus actividades en línea.
Los indicadores de la medición son agrupados en tres categorías de análisis, con puntuaciones para cada uno. Venezuela aparece con 8/25 en “obstáculos al acceso”, 11/35 en “limitaciones de contenidos” y 11/40 en “violaciones a los derechos de usuarios”. No aprueba en ninguna de las dimensiones.

Fuente: https://freedomhouse.org/country/venezuela/freedom-net/2024
En el informe que da relatoría a las incidencias del país, la desinformación aparece destacada: “Empeorados por la crisis social, económica y política del país, los venezolanos a menudo tienen dificultades para permitirse el acceso a Internet y experimentan dificultades para obtener información confiable debido a la desinformación progubernamental y los bloqueos de medios independientes.”
Entre las conclusiones se indica que antes de las primarias de la oposición en Venezuela, celebradas en octubre de 2023, el gobierno ordenó el bloqueo de sitios que permitían a los votantes ubicar los colegios electorales, acción alineada con la inhabilitación de la ganadora de las primarias, María Corina Machado, a presentarse a las elecciones presidenciales. Aunque fuera del período de su medición, destacan lo ocurrido con las medidas de censura del gobierno venezolano después de los comicios del 28 de julio, tales como el bloqueo de Signal, X y sitios web de medios y de organizaciones de la sociedad civil.
Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa y su nueva sub dimensión: Actuaciones del Estado contra la Desinformación
Desde hace cinco años, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), elabora el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, que consiste en una medida sintética, con un máximo teórico de 100 puntos, que expresa la situación de las actuaciones de los poderes del Estado en materia libertad de expresión y de prensa en 22 naciones del continente americano.
La novedad de este año en la elaboración del barómetro, fue la incorporación de la variable “Actuación del Estado contra la Desinformación”, como parte de la Dimensión Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse. Un total de 168 personas, entre periodistas, editores, expertos académicos y activistas, fueron consultados para la obtención de los resultados que fueron presentados en la más reciente Asamblea Anual de la SIP, el pasado 18 de octubre.
En el cuestionario elaborado para el proceso de compilación de las percepciones de expertos, el Índice Chapultepec tomó en cuenta por primera vez el fenómeno de la desinformación y su impacto en la conformación de una opinión ciudadana que podría resultar afectada por prácticas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de cada nación, tendentes a propiciar, omitir o por el contrario contrarrestar la difusión de contenidos engañosos, el uso o no de trols y bots con fines desinformativos, alocuciones oportunas o por el contrario silencios informativos en asuntos de interés público, así como las manipulaciones producidas o no por medios de comunicación dependientes del Estado.
En las conclusiones de esta quinta edición del Índice Chapultepec, con un lapso de estudio comprendido entre el 2 de agosto de 2023 y el primero de agosto de 2024, el promedio global se ubicó por debajo de los rangos intermedios del barómetro, al situarse en 48,12 como media general, de un máximo teórico de 100. Hubo una normalización del deterioro, se consideró en la relatoría interpretativa de los hallazgos, pues fue el segundo año consecutivo en el cual la medida promedio global de las 22 naciones analizadas resulta por debajo de 50 puntos, rango medio de la clasificación.
La Dimensión Violencia e Impunidad contra Periodistas y Medios es la que mayor impacto tiene en la puntuación del barómetro de la SIP, con un máximo teórico de 40 puntos, aportando 10% más que las otras dos dimensiones. Promedió solo 15,23 puntos. Por debajo de los 20 puntos del valor intermedio de esta dimensión se ubicaron catorce naciones. Con rangos menos a 20/40 se posicionaron, en la franja “Con restricción”, Paraguay y Brasil; en “Alta Restricción”, Argentina, Bolivia, Honduras, Cuba, Ecuador, Colombia, El Salvador y Perú; mientras que México, Guatemala, Venezuela y Nicaragua, en el radio de naciones “Sin libertad de expresión y de prensa”.
En la dimensión de análisis “Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse”, las 22 naciones obtuvieron un promedio de 13,25 de un total de 30 puntos. Dos países lograron rangos positivos y “Con libertad de expresión” en esta categoría están Chile y República Dominicana, seguidos de cuatro en “Baja Restricción” -Estados Unidos, Brasil, Canadá y Uruguay-; y con Jamaica y Panamá “Con Restricción”, pero por encima de 15/30; catorce naciones fueron calificadas con valores menores al rango intermedio de 15 puntos. En esta Dimensión, impactada por las variables “Actuación del Estado ante la Desinformación”, “Libre Expresión” y “Flujo de Información”, con 10 puntos cada una, los catorce países que resultaron en niveles menos favorecedores son, “Con Restricción”, Argentina, México, Paraguay y Ecuador; en “Alta Restricción”, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Honduras; y “Sin libertad”, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Cuba y Venezuela, en orden descendente.
En lo relacionado con la subdimensión Desinformación, concerniente a si las autoridades del Estado atienden correctamente las corrientes de desinformación o si por el contrario las omiten o incluso las promueven, los cinco peores evaluados fueron El Salvador, con 0 puntos de 10; Nicaragua, con 0,13; Venezuela, con 0,14; Bolivia, con 0,25; y Cuba, con 0,50.
La Dimensión Control de Medios y Periodismo fue la mejor evaluada en términos generales. Cinco países fueron calificados “Con libertad” en este sentido -Chile, Canadá, República Dominicana, Uruguay, Panamá y Brasil; mientras que Estados Unidos, Ecuador, México, Paraguay, Jamaica, Argentina, Colombia, Guatemala, Perú, El Salvador, Honduras fueron posicionados en la franja “Baja Restricción”. Todavía por encima del valor intermedio de esta rama, de 15/30, se ubicaron Costa Rica y Bolivia, “Con Restricción”. Por debajo del valor intermedio de esta dimensión, que evalúa las presiones directas e indirectas contra medios, así como las regulaciones normativas en perjuicio del periodismo, se ubicaron Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La situación de Venezuela en este barómetro es la siguiente: “Un desempeño amplio en arbitrariedades estatales en contra de la expresión ciudadana, y un funcionamiento de la prensa limitado por cierres, medidas administrativas y periodistas detenidos por razones políticas caracterizó el periodo de estudio; uno de naturaleza electoral y de un ascenso en la escala de censura y constricción del espacio público. Las medidas estatales incluyeron la detención masiva de personas que se manifestaron en las calles tras los anuncios de los resultados electorales del 28 de julio del 2024, y todo el panorama ubicó a Venezuela en el penúltimo puesto del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, con 6,52 puntos de cien posibles”, señala el informe de Venezuela, disponible en el site de la SIP.

Fuente: https://indicedechapultepec.com/indice/22/graficos.pdf
En la sub dimensión “Actuación del Estado contra la Desinformación”, los expertos venezolanos consultados recordaron campañas de contenidos falseados, impulsadas por entes y voceros gubernamentales en tiempos electorales, tales como la manipulación de información relacionada con la supuesta doble nacionalidad de la profesora venezolana Corina Yoris, a quien se le había designado como sustituta de María Corina Machado; y la inexistente vinculación del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, con cuerpos de inteligencia de Estados Unidos.
