Expertos en procesos electorales analizan que la desinformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las elecciones regionales forma parte de la estrategia que el partido de gobierno ensaya para desmovilizar a la población y romper la confianza en el voto como herramienta para fortalecer la democracia en el país.
Venezuela volvió a realizar un nuevo proceso electoral el pasado 21 de noviembre de 2021 para elegir a gobernadores, alcaldes y concejos legislativos quienes ejercerán estos cargos hasta el año 2025. Pero gran parte de la población seguía envuelta en el dilema de participar en unos comicios sin garantías ni transparencia.
Bajo una estela de desconfianza, el Consejo Nacional Electoral (CNE) alimentó un clima de incertidumbre al no ofrecer información clara sobre el proceso. Según expertos en materia electoral, la opacidad del organismo forma parte de la estrategia de desmovilización que ensaya el partido de gobierno para ganar ventaja en los comicios.
La desconfianza en las elecciones y en el árbitro electoral quedó en evidencia con los resultados del primer boletín que registraron una abstención de 57,8 %. Con 90,21 % de las actas transmitidas, el CNE informó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 18 gobernaciones y la Alcaldía de Caracas, mientras que las organizaciones opositoras a Nicolás Maduro, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Fuerza Vecinal, obtuvieron la victoria en tres estados (Cojedes, Nueva Esparta y Zulia).
El 9 de enero de 2022, tras una nueva elección, Barinas se convirtió en el cuarto estado que conquistó la MUD con el triunfo de Sergio Garrido. En esta entidad se realizó otra jornada electoral luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendiera el proceso de totalización y proclamación del opositor Freddy Superlano y ordenara nuevas elecciones. La decisión se tomó luego de un amparo interpuesto por Aldolfo Superlano, un político venezolano que antes pertenecía a la MUD, pero que se alió al grupo de parlamentarios que se opuso al líder Juan Guaidó.
El recurso se introdujo cuando las proyecciones de los resultados daban como ganador a Freddy Superlano y tras el reconocimiento de la derrota del aspirante oficialista Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, quien buscaba la reelección como gobernador de la entidad llanera.
A pesar de que el chavismo obtuvo la mayor cantidad de gobernaciones, los comicios regionales del año pasado demostraron que la base de apoyo del PSUV mermó aún más, según se desprende del balance oficial del CNE. En esta oportunidad, el chavismo movilizó 3,7 millones de electores, a diferencia de los años anteriores cuando lograron movilizar a 7 millones de votantes. Con parte del sector opositor desconfiado en el voto, el oficialismo ha logrado salir victorioso.
Para Carmen Beatriz Fernández, experta en estrategia política, el Gobierno chavista ha moldeado los últimos procesos electorales a su medida por medio de “artimañas” para sacar del juego a los candidatos de los partidos opositores, valiéndose de la figura de la inhabilitación política o de acciones que buscan dividir a sus contrincantes.
Sin la robusta maquinaria, explica Fernández, el chavismo ha ensayado “nuevos trucos” para tomar ventaja en las elecciones, como lo ocurrido con el aspirante opositor, Freddy Superlano, quien resultó inhabilitado luego de que el CNE aprobara su candidatura. La intención del gobierno de Nicolás Maduro, con el apoyo de los demás poderes públicos, carentes de imparcialidad, ha disminuido la participación electoral y la confianza en el sufragio.
“El gobierno admitió que su estrategia era dividir a los adversarios y lo que percibimos, en términos de resultados, es la sensación de una población que aún tiene la duda de si vale o no la pena votar en dictadura. Pero la elección de este mes de enero demostró que ir a votar tiene sentido a pesar del desprestigio hacia el árbitro electoral”, reflexiona Fernández.
Desinformación
La especialista en estrategia política explica que en este contexto de arbitrariedades, el CNE desinformó a la población sobre el proceso electoral.
En opinión de Nélida Sánchez, abogada y coordinadora Nacional de Contraloría Electoral de Súmate, el ente ha manejado con opacidad el proceso electoral, incluso desde que comenzó la designación de los nuevos rectores de organismo, el cual, a su juicio, no cumplió con los principios de despartidización e imparcialidad.
“El CNE no es imparcial y sus directores, en su mayoría, responden al partido de gobierno. Por eso, no hay garantía de que una elección sea justa, transparente y libre”, dijo Sánchez.
En el marco de las regionales, el CNE sembró más dudas que certezas. Sánchez señaló que el ente no ofreció información suficiente a la población sobre cómo ejercer el derecho al voto en ninguna de las fases del proceso. “El CNE no promocionó ni promovió la participación electoral”, remarcó Sánchez, quien sostuvo que con la desinformación el CNE afectó al elector, especialmente a los jóvenes mayores de 18 años que iban a sufragar por primera vez.
Sánchez señaló, por ejemplo, que el CNE no divulgó ampliamente la oferta de los candidatos. El organismo tampoco alertó de que las limitaciones que supondría para la población que los aspirantes a los cargos presentarán una hoja de ruta de su gestión del partido al que pertenecen y no un plan ajustado a las necesidades reales de cada región o municipio. “La idea es que cada elector sepa cuál es el plan de gobierno y las promesas que hace el candidato, para luego hacer contraloría y comprobar que está cumpliendo lo prometido”, indicó.
Comentó que el CNE tampoco ofreció información sobre el registro electoral ni divulgó campañas para que los electores se inscribieran. También dijo que Súmate comprobó que el órgano, en los comicios, puso trabas para la inscripción de candidaturas por iniciativa propia y por grupos de electores, lo que consideró una violación al principio de igualdad y pluralismo.
Lo mismo sostuvo al mencionar la decisión del CNE de aprobar la elección de segundo grado en las poblaciones indígenas y no de forma directa y secreta. “El CNE ha reducido, en los últimos años, las posibilidades de los candidatos para favorecer al partido de gobierno”.
Sánchez dijo también que en las pasadas elecciones la población no supo cómo votar y enfrentarse a la máquina electoral y explicó la finalidad del simulacro electoral, evento donde se evalúan los equipos y los tiempos del sufragio, se desvirtuó al ser promocionado como una jornada para medir maquinarias partidistas. La ciudadanía, a lo sumo, prosiguió Sánchez, no tenía conocimiento, por ejemplo, de cómo elegir candidatos mediante elección alternativa y no por listas de aspirantes (voto entubado).
Las irregularidades sobre la difusión y promoción del proceso electoral se suman a otras fallas que verificaron los observadores internacionales que acompañaron la jornada. Haciendo énfasis en algunos avances positivos logrados en estas elecciones, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea concluyó que los comicios estuvieron marcados por situaciones que evidenciaron la falta de independencia de los poderes públicos, inhabilitaciones políticas arbitrarias y uso de recursos públicos para la campaña.
La opacidad del CNE ocurre en un contexto adverso para el periodismo independiente en Venezuela. Los medios tradicionales se han reducido con el paso del tiempo y más de 5 millones de venezolanos viven en desiertos de noticias por no contar con espacios para enterarse de lo que ocurre en el país, según reseña una publicación del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys).
La internet y las redes sociales se han convertido en el refugio de muchos venezolanos para conocer las distintas realidades, especialmente el sector opositor, reveló una encuesta elaborada por la ONG Transparencia Venezuela en 2020. Pero chocan también con las informaciones falsas que no dejan de circular en las plataformas, y que durante la campaña electoral no cesaron.
El Observatorio Venezolano de Fake News, de Medianálisis, identificó una serie de bulos y noticias sin verificar que tenían el objetivo de confundir aún más a la población. Las informaciones versaban sobre triunfos adelantados y afirmaciones falsas de algunos candidatos sobre presuntas renuncias a los cargos de elección.
La organización confirmó, por ejemplo, un mapa de resultados en el que se le atribuía el triunfo mayoritario de las gobernaciones a la oposición venezolana que, tras un análisis, se detectó que se trataba de una imagen elaborada con los resultados de las elecciones parlamentarias de 2015 en las que la oposición logró la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional.
Fernández señaló que la desinformación no es un fenómeno nuevo en el marco de los procesos electorales. Pero explicó que en el caso venezolano el concepto de desinformación que impera es el clásico: desinformación porque no hay información. El actual gobierno no goza de una buena imagen de transparencia: la gestión de Maduro ha sido opaca debido a la ausencia de información pública que, en parte, ha limitado el trabajo de la prensa independiente y limitado el derecho a la información de los venezolanos.
En las coberturas, los periodistas han enfrentado una serie de obstáculos para registrar los acontecimientos y los medios independientes, en su mayoría plataformas digitales, han sufrido bloqueos a sus portales, como lo ha denunciado Ipys Venezuela.
Durante las elecciones no hubo un panorama distinto a la arbitrariedad: el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), por ejemplo, contabilizó 38 casos de violaciones al ejercicio periodístico, en su mayoría situaciones en la que a los reporteros de los distintos medios de comunicación se les impidió acceder a los centros de votación para informar sobre la jornada electoral.
