Para Venezuela, el año 2021 estuvo signado por la secuela de la pandemia que trajo el coronavirus y el confinamiento decretado en marzo de 2020. El acceso a la información pública sigue apresada en el secretismo del gobierno que se afianzó con la llamada ley antibloqueo y que recibe un espaldarazo con la recientemente aprobada Ley de transparencia y acceso a la información de interés público, en la que parece primar la idea de que la información es de interés público sólo si se evidencia “que resulte necesaria para la participación protagónica del pueblo en el diseño, formulación y seguimiento de la gestión pública”, necesidad que además la determina el gobierno mismo.
La referencia expresa a este secretismo no es gratuita, se justifica por la práctica consuetudinaria de no informar sobre lo neurálgicamente público, que es una jugada en alianza con la política desinformativa afianzada en granjas de bots y en cuentas orgánicas usadas para difamar y para posicionar tendencias efectistas, con el agravante del uso de los recursos públicos para pagar esa nefasta práctica. Vemos entonces que la opacidad informativa seguirá siendo la bandera izada desde el gobierno de Nicolás Maduro, es ese parte del escenario que repetiremos en el año 2022, al menos en el ámbito local.
La expectativa de que mejore el acceso a internet, teniendo que superar el alto costo del servicio, aparte de la suerte intermitente de contar con energía eléctrica estable, es una ilusión triste que consideramos seguirá afectando todos los días al derecho a estar informado. Asunto que se agrava por la intromisión del ruido oficial en las plataformas digitales, contaminan la discusión pública, desvían la atención e imponen la narrativa oficial achicando así el espacio informativo digital y abonando el vergel desinformativo.
Si abrimos el compás, veremos que los desafíos que ya se han mostrado para la libertad de expresión en línea en el mundo entero siguen a la intemperie, mientras se ensayan fórmulas que pretenden atajar los efectos de la desinformación y la posverdad, pero desatienden las formas de producción de las mismas, y descuidan la necesaria alfabetización mediática e informacional como parte de un trabajo de largo aliento que forme desde la escuela a ciudadanos digitales, con pensamiento crítico. Este reto pasa también por la engorrosa tarea de detener el creciente músculo de las plataformas digitales y su obligación de instrumentar mecanismos transparentes para mostrar cómo operan sus algoritmos, los bots moderadores de contenidos y la implementación de mecanismo de inteligencia artificial.
Todo esto ocurre al mismo tiempo en que varias legislaciones han delegado en los administradores de plataforma la moderación de los contenidos, lo cual lleva aguas al molino de la privatización de la censura.
La libertad de expresión en 2022 será digital, o no será. El ágora se mudó a Internet, las diversas plataformas digitales sostienen la conexión virtual que construye y muestra parte de la realidad. Su inmediatez y su horizontalidad animó la mudanza a nuevas experiencias que seguro serán más ricas en el nuevo año. Ojalá pudiéramos augurar la protección para el debate en línea abierto e inclusivo sobre los distintos asuntos de interés público que alcance también para la expresión política, incluida aquella que llega a ser altisonante.
Sobre la libertad de expresión seguirá pendiendo la mácula de la desinformación. En los términos en que lo expresa primero la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y confirma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, se le da sostén a la composición tripartita que avala la búsqueda, recepción y difusión de información y opiniones de cualquier índole, sin límite de fronteras, pero la vigencia de este derecho debe atravesar, no sin cierto desamparo, los desafíos que representa comunicar en Internet.
Al periodismo le tocará hacer más y mejor periodismo. Su participación en la construcción colectiva de la realidad será fundamental, ante la ingente producción de información le corresponde interpretar, agrupar, contextualizar, ayudar en las conclusiones, para esa tarea le concierne personalmente no estar desinformado, verificar cada dato y gestionar sus sesgos. Insistir en las buenas prácticas de periodismo independiente que ofrecen una alternativa en sus portales web, y fortalecer las alianzas profesionales que ayudan a sortear la censura oficial, y que promueven el reposicionamiento del periodismo profesional.
