Cuando la desinformación es por omisión: CNE

Las instituciones son creadas a partir de sus discursos y sus acciones. Recientemente, el organismo rector de los procesos comiciales ha realizado auditorías sobre la comprobación de las identidades de los votantes de cara a la cita del 28 de julio, reiterando su capacidad para validar en casi el 100 por ciento de los casos la identidad del elector que va a sufragar. No obstante, ni en su página web, ni en piezas publicitarias, tampoco en discursos de sus portavoces, se habla del secreto del voto, condición expresada en la ley de procesos comiciales del país, aspecto esencial para brindar al elector de las libertades necesarias para escoger al candidato de su preferencia, sin temor a sanciones. Se exploran, en el texto, posibles interpretaciones de esta visible omisión.

La desinformación no solo es bulo, también es silencio

Una breve aproximación al tema permite conocer de cuál aspecto vinculado a la desinformación se habla a continuación. La desinformación es un fenómeno complejo, que no solo incluye la elaboración inescrupulosa de fake news, contenidos engañosos y mentiras en el discurso público, como suelen ser las unidades que abordan iniciativas como el Observatorio Venezolano de Fake News y Cotejo, ambos proyectos de Medianálisis.

La desinformación abarca también otros aspectos como todo aquello que se calla por acción y efecto de la censura, la agenda cutting -consenso entra varios actores para evitar ciertos temas incómodos- y el silencio de las instituciones ante temas que les corresponde aclarar y abordar ante la opinión pública, como voceros naturales para despejar dudas sobre determinadas controversias, quejas, atropellos e irregularidades que pudieran vulnerar derechos del ciudadano, sobre los cuales tienen evidente competencia. 

Una institución se crea a partir de sus narrativas, compuestas por expresiones -transmitidas gracias al uso del lenguaje-, de la acción consecuente y congruente con sus roles, funciones y materializaciones de su poder, de cara al cumplimiento de sus funciones esperadas, sobre la base de las expectativas sociales.

En su libro “La ciencia del Texto”, Teun A. Van Dijk menciona las relaciones de coherencia, vinculadas con la necesidad de establecer una secuencia en las informaciones a partir de actos del habla, en los cuales, si un actor dice A, el otro brinda una explicación, corrección, aclaratoria B. A toda pregunta, debería seguir una respuesta, a toda duda, una aclaratoria, y, en el caso de las instituciones, a toda expectativa, ante polémicas acciones discursivas que pongan en duda el papel imparcial de una institución, debería haber consecuentes respuestas, pronunciamientos, declaraciones. De haber solo silencio, la correspondencia, la secuencia lógica de los actos del habla se rompe, decae, dejando rupturas entre el texto y el contexto.

La narrativa de toda institución tiene un impacto en la construcción de la realidad social, de acuerdo con autores como John R. Searle, quien desarrolló tesis sobre la psicología de los actos del habla. Consideraba este experto que la validación de los enunciados construye fenómenos sociales, y parte de estos constructos colectivos son la confianza en la institución y en su competencia en los procesos que rige.

Un silencio local que propicia rumores

Sobre la base de estos postulados, surge la duda: Si el Consejo Nacional Electoral es el ente rector de los comicios en el país, ¿por qué no brinda información, pronunciamientos, relacionados con expresiones de funcionarios, sectores, organizaciones de la sociedad civil, en torno a circunstancias contempladas a la hora de elegir, como lo es el secreto del voto?

Ni en piezas audiovisuales, ni en declaraciones recientes de sus voceros, ni en textos o comunicados del organismo comicial, se ha hecho alusión a la garantía máxima para la libertad de elegir, contemplada en el artículo 289 del título VII de los actos de instalación y constitución, de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que reza: “El voto es secreto, libre y su ejercicio se garantizará frente a cualquier coacción o soborno.” Esto, a pesar de señalamientos de reclutamiento en la logística electoral de cara al 28 de julio. Parece obviarse la duda ciudadana ante temores sobre eventuales represalias en caso de que el secreto de su voto sea vulnerable a la mirada escrutadora de jefes de despachos u autoridades, en un ya golpeado entorno económico.

No es la única materia en el cual el Consejo Nacional Electoral guarda un incongruente silencio en relación con sus funciones de rector comicial. A inicios del mes de junio, el coordinador de la diáspora de apoyo a María Corina Machado, David Smolansky, señaló que solo 6.500 votantes venezolanos en el exterior, de una diáspora estimada en millones, pudieron actualizar su registro y consecuentemente votar en las elecciones del 28 de julio, dejando excluidos a numerosos venezolanos de su derecho al sufragio, estipulado en la ley. Ante su señalamiento, el Consejo Nacional Electoral hizo mutis, dejando sin respuesta lógica un reclamo cónsono con la legislación venezolana en este tipo de casos. El registro definitivo del CNE según reporta Efecto Cocuyo incluye 69.189 migrantes venezolanos, cifra pírrica comparada con  el 7-8 millones de migrantes, dado que  solamente se permitió la inscripción de 508 nuevos votantes y 6.020 cambios de centros de votación en el extranjero. 

¿Quién capitaliza la desinformación al respecto?

Dicen el refrán venezolano, “quien calla, otorga”. Reiterar la garantía del secreto del voto, refuerza la idea de votar libremente. No hacerlo, ¿a quién beneficia? A los sectores con el poder suficiente para coaccionar el derecho a la libre elección, a quienes emiten discursos disuasivos, bajo la narrativa de representar la paz, explorando la idea mantener el poder a costa de lo que fuere. 

No ha habido piezas audiovisuales recientes del órgano rector del sufragio sobre la garantía del secreto del voto; tampoco la hubo en los comicios pasados, al menos desde 2021. El efecto de tal silencio es una incongruencia del lenguaje institucional, a la luz del rol en el diálogo social. La situación facilita la desinformación, los rumores y temores de electores, condiciones que pueden afectar su confianza en el marco regulatorio de procesos comiciales, y que podría llevarlo a disociar su elección de sus propios intereses, para satisfacer las expectativas de terceros, llámese gobierno, empleadores o grupos de presión de naturaleza política.

¿Qué debe hacer el elector?

Como también dicen en el llano: “Entre broma y broma, la verdad se asoma”. El votante debe saber que la ley es clara y que ante la urna de votación, no hay, en las condiciones normativas actuales, la posibilidad de que un tercero acceda a lo que fue su decisión.

El ciudadano debe hacerse promotor de la norma y actuar en conformidad con su derecho a la libertad de elección, valiéndose de recursos como los que integran un proceso electoral con un sistema de votación automatizada. 

Se recomienda evitar ser víctima de rumores y bulos sobre supuestas sanciones por elegir al candidato X o Z, pues, en cumplimiento de la Ley, el secreto al voto está garantizado.

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