Incertidumbre informativa sobre el destino de los recursos del petróleo
La falta de información sobre asuntos de máximo interés público, también constituye desinformación, pues esta no solo consiste en los contenidos falseados, se relaciona asimismo con silencios oficiales en materias relacionadas con la cosa pública, la cual debe estar bajo el escrutinio de la sociedad en su conjunto.
Hubo un cambio radical en la política petrolera de Venezuela a partir de los hechos del 3 de enero de 2026, cuando fueron extraídos Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en el país. El giro más importante en materia de relación entre ambas naciones es el que tiene a Estados Unidos en el presente como el principal comprador del crudo del país, desplazando a países como China y Rusia, y cerrando el suministro de petróleo a Cuba en términos ventajosos para La Habana.
No obstante, la discrecionalidad y el secretismo en materia de la administración de estos recursos se mantienen con respecto al pasado. Hasta el momento, ninguna de las dos administraciones -ni Caracas, ni Washington- ha aclarado, al modo en que lo entienda la audiencia binacional, el destino específico de los ingresos producto de la explotación petrolera en Venezuela.
Tradicional opacidad en la gestión petrolera
La opacidad en la gestión petrolera de este 2026 tiene sus antecedentes en la paulatina erosión de la rendición de cuentas iniciada durante el gobierno de Hugo Chávez. De acuerdo con informes de Transparencia Internacional y Transparencia Venezuela, luego de la reestructuración de PDVSA en 2003, el Ejecutivo restó atribuciones de fiscalización a la Asamblea Nacional y a la Contraloría General sobre el negocio petrolero venezolano.
La antigua caja de riqueza se fue transformando en una caja negra. La creación de fondos extrapresupuestarios como el FONDEN permitió el manejo discrecional de miles de millones de dólares del ‘boom’ petrolero, en medio de la omisión de auditorías independientes y la falta de balances consolidados. Había poco miedo a la fiscalización por la precaria autonomía de otros poderes del Estado.
Bajo la presidencia de Nicolás Maduro a partir de 2013, la falta de transparencia se profundizó hacia el bloqueo sistemático de la información pública, con el cese de la emisión de datos clave. Organismos anticorrupción denunciaron la suspensión de las Memorias y Cuentas ministeriales, los informes auditados de PDVSA y los datos del Banco Central, bajo el amparo de decretos de emergencia económica y la Ley Anti-Bloqueo.
En 2026, con un tablero institucional bajo la presión de Estados Unidos, el gobierno de Delcy Rodríguez apeló a la apertura de vitrinas digitales como ‘Transparencia Soberana’. Hasta el 9 de octubre de 2026, el referido portal solo reportaba una operación: la recepción y la emisión de 300 millones de dólares. La ONG Transparencia Venezuela ha verificado que estos portales operan de forma fragmentada e incompleta, perpetuando el patrón histórico donde la riqueza nacional se administra de espaldas al escrutinio público.
La opacidad del tema se extiende al extremo norte
En mayo de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la firma auditora KPMG fue contratada por Estados Unidos para vigilar el uso de los recursos provenientes del petróleo venezolano. Fue la misma firma que auditó a PDVSA en las últimas décadas, la que no detectó tramas de corrupción denunciadas posteriormente, de acuerdo con críticas de analistas.
En su momento, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que el dinero del petróleo estaba siendo destinado al pago de salarios de maestros, bomberos, agentes de policía y profesores universitarios en Venezuela.
Sin embargo, el aumento salarial anunciado por el Estado venezolano se produjo en el concepto del salario integral, no en el salario mínimo, que sigue siendo de Bs. 130 mensuales. Con bonos, el monto asciende a $240, pero sectores de trabajadores han denunciado que no es igualitaria la política de entregas de estos bonos, que no impactan en el concepto de prestaciones sociales por la dedicación laboral, ni en el cálculo de vacaciones y aguinaldos.
Antes de la intervención, las exportaciones de PDVSA arrojaban cifras modestas frente al potencial nacional: 18.400 millones de dólares en 2024 y 18.200 millones en 2025, según el Banco Central de Venezuela.
Tras la flexibilización parcial de sanciones, la comercialización se aceleró. Durante el primer trimestre de 2026, el ente emisor registró 5.490 millones de dólares en ingresos por exportación, un alza del 21,5 % respecto al año previo. Para finales de julio de 2026, una investigación de Financial Times calculó que las ventas de petróleo bajo supervisión estadounidense superaron los 13.000 millones de dólares en siete meses, equivalentes al 70 % de todo el ingreso de 2025. En Estados Unidos, legisladores han exigido un desglose detallado de las cuentas.
La magnitud recaudada contrastó con la incertidumbre sobre cuánto dinero retornó a Venezuela. Mientras Donald Trump afirmaba haber recuperado ’28 veces’ el costo de la incursión, el Departamento de Estado reportó ante el Congreso que solo se habían autorizado transferencias por unos 3.000 millones de dólares para costos operativos y salarios públicos. La diferencia entre los montos alimentó las denuncias de opacidad, llevando al congresista estadounidense por el partido demócrata Joaquín Castro a señalar que la Casa Blanca manejaba la renta petrolera ‘sin ninguna transparencia ni garantía’.
Tras más de nueve meses de gestión tutelada, no se hizo público ningún informe detallado de estos recursos, consolidando una opacidad compartida entre Caracas y Washington.
