Fake News en México: Del Oficialismo a la Posverdad

En México, la falsedad de la información periodística tiene una larga historia. Comienza en la década de 1930 con la sujeción gubernamental de la prensa a través del control de los insumos para garantizar una representación propagandística de la realidad (oficialismo), transita hacia la calumnia de la oposición y los enemigos políticas en los setenta (guerra sucia), para desembocar en la sofisticación de las relaciones públicas en los inicios del siglo XXI. En la actualidad, la ampliación de la conversación mediática por las innovaciones tecnológicas nos ha colocado en el contexto de la posverdad política.

Las fake news en el terreno de lo político, representan la extensión, en la cultura digital, de dos tendencias muy definidas en México. Por un lado, la acción propagandística de la estructura de las relaciones públicas gubernamentales, que buscan manipular la información; por otro, la guerra del denuesto y el encumbramiento, dependiendo si se trata del patrón o el enemigo de los bots, con información falseada, apelando a emociones como el miedo y utilizando a su favor los algoritmos.

La diversidad de expresiones del fenómeno en el terreno de lo político obliga a subdividir esta categoría en otras, en aras de presentar la discusión de manera ordenada. Por ello, se utilizan los siguientes incisos que corresponden a apartados en los que se agrupan diferentes reflexiones sobre la diseminación de noticias falsas, todas ellas bajo el común denominador de su ocurrencia en la esfera política.

  1. El modelo oficialista extendido hacia lo digital.

Galarza-Molina (2014), la autora más prolífica en el tema de las fake news en México, analiza la publicidad política encubierta, una realidad que persiste a pesar de la regulación existente. Mediante entrevistas cualitativas a expertos identifica las características de las nuevas relaciones contemporáneas entre prensa y gobierno posterior a la reforma electoral de 2007. La reforma estimuló la creación de espacios televisivos aparentemente noticiosos, pero que en realidad corresponden a publicidad política.

Para poner en contexto el estudio de Galarza-Molina es necesario señalar que el Estado mexicano llevó a cabo una reforma de la legislación electoral después de las polémicas elecciones presidenciales del 2006, en las que Felipe Calderón fue declarado vencedor al aventajar apenas algunas décimas al candidato Andrés Manuel López Obrador, con 35.89 frente a 35.31 por ciento de la votación (Instituto Federal Electoral, 2006).

Un tema crucial de la reforma correspondió a la participación de los medios de comunicación, especialmente la televisión, en los procesos electorales. La reforma prohibió la contratación directa de espacios en los medios. A partir de entonces, el organismo electoral asigna los espacios mediáticos para los partidos políticos en campaña. Esos espacios corresponden a los tiempos oficiales que las empresas de radio y televisión deben otorgar gratuitamente al Estado.

La medida generó un gran malestar en los empresarios mediáticos que vieron mermadas las ganancias millonarias que obtenían en las campañas electorales. Optaron por invitar a los candidatos a espacios dentro de su programación, o hacer menciones de sus actos en las noticias, como si se tratara de coberturas periodísticas. En realidad, era promoción política cobrada como tal, obviamente ilegal. Una manera de pasar por encima de la regulación.

La incidencia sobre la diseminación de información falsa es evidente, porque “conduce a una negociación velada entre televisoras y políticos para que su transmisión suceda de manera oculta”; pero no solo eso, sino que no existe “claridad de la información que se presenta [lo que] puede resultar confuso para la audiencia/electorado, pues no hay un reconocimiento patente de que la información ofrecida tiene un carácter publicitario” (Galarza-Molina, 2014, p. 53).

Por otro lado, habría que diferenciar las tácticas clientelares y propagandísticas practicadas por la prensa como industria, de la labor crítica y reflexiva de los periodistas de forma particular. Si bien el aparato corporativo es una condición estructural que determina la labor cotidiana de los periodistas, no por eso dejan de observar y cuestionar la realidad en la que se encuentran insertos.

  1. El fact checking como práctica periodística

Sin embargo, existen otras experiencias periodísticas que hacen frente a las determinaciones estructurales generadas por el aparato oficialista. Por ejemplo, la del periodismo colaborativo e independiente, que se practica en los medios noticiosos digitales, distintos a los medios del mainstream, los cuales han encontrado formas alternativas de financiamiento que les permite escapar de los arreglos propagandísticos.

Bajo esa perspectiva, y aportando a la reflexión sobre el combate a las fake news, existen hallazgos que vinculan el trabajo del periodismo colaborativo de los medios independientes con la práctica de la verificación de información o fact checking para identificar y desmentir las noticias falsas (Pérez, 2020). Corresponde a un movimiento reformista profesional de los periodistas que interpelan al periodismo político convencional y poco democrático (Galarza-Molina, 2020a).

En México, una experiencia interesante de fact checking fue la que se integró para dar vida a Verificado 2018. La idea emanó de la experiencia de Verificado 19S y fue articulada por el cibermedio Animal Político. Su función fue la de verificar la información publicada relacionada con el proceso electoral para presidente de la República Mexicana llevado a cabo en el año 2018 (Galarza-Molina, 2020a, 2020b; Pérez, 2020).

Además de las noticias difundidas en los medios de comunicación, Verificado 2018 también se encargó de revisar las publicaciones en las redes sociodigitales, así como las afirmaciones realizadas por los candidatos en los debates televisados. Se conformó una red de aliados entre los que había medios de comunicación locales y nacionales, organizaciones ciudadanas, universidades y centros de investigación científica (Pérez, 2020).

Los aliados institucionales aportaron la experiencia de sus integrantes como periodistas, analistas sociales y políticos, ciudadanos comprometidos y científicos de datos (dateros). De esta manera, se podía identificar información sospechosa gracias a la experiencia de los periodistas y analistas, así como hacer análisis de big data por parte de los dateros para reportar anomalías en las tendencias de las redes e identificar bots mal intencionados (Pérez, 2020).

Galarza-Molina (2020a) y Pérez (2020) coinciden en apuntar que el antecedente directo de Verificado 2018 es la iniciativa de fact checking de El Sabueso, realizada por Animal Político y AJ Plus, de la cual también se tomó la metodología. Pero es Galarza-Molina quien reconoce que esta práctica se enmarca en una tarea de reparación del campo del periodismo mexicano, aportando una acción que permite superar la publicación de declaraciones sin verificación previa.

  1. Las propuestas normativas para atajar a las fake news.

La diseminación de noticias falsas se ha convertido en una preocupación fehaciente por las consecuencias que trae consigo, tales como la imposibilidad de fundamentar decisiones vitales en información confiable. De ahí que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se incorpore a la discusión mediante la elaboración de un reporte detallado sobre el fenómeno de las fake news y su impacto en la libertad de expresión (Corzo et al., 2019).

Uno de los aspectos relevantes del documento expedido por la CNDH es que, además de plantear una discusión conceptual sobre las fake news desde la teoría sociológica y los documentos de la gobernanza internacional, recupera una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las noticias falsas. Si bien, reconoce que el posicionamiento no es explícito, sino indirecto, constituye un antecedente para avanzar en la acción vinculatoria.

En ese caso, la sentencia de la SCJN falló a favor de la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica por mayoría de votos, en el sentido de defender ese derecho ante información falsa o inexacta publicada por los medios de comunicación y sus fuentes originales. Además, se asentó que la falta de ejercicio de ese derecho, no libera a sus difusores de otras responsabilidades por daño moral u otras cuestiones.

El aporte mayor de la CNDH, desde nuestro punto de vista, lo representan las propuestas elaboradas “con el fin de contribuir con la sociedad para disminuir las campañas de desinformación, en especial las mal llamadas ‘noticias falsas’” (Corzo et al., 2019, p. 31), que buscan fomentar prácticas favorables para los derechos y libertades de la información y la comunicación.

Las propuestas se dividen en cuatro ámbitos: agentes estatales, periodístico, personas defensoras de los derechos humanos y académico. En ellas se presentan acciones que los actores de los diferentes ámbitos podrían realizar para contribuir en la disminución de la información falsa.

  1. Los movimientos tecno-sociales y las experiencias de ciudadanía digital

En una revisión de las características sobre las fake news en el México contemporáneo es imprescindible referir el caso del movimiento estudiantil #YoSoy132. Es importante enfatizar que su génesis se debió a la publicación de una noticia falsa. El problema empezó cuando Enrique Peña Nieto, como candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), acudió a una reunión con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, en donde resultó abucheado.

Al día siguiente, algunos medios oficialistas de circulación nacional publicaron que la reunión había sido infiltrada por fuerzas políticas opuestas, y que los asistentes a la reunión no eran estudiantes de la institución convocante. No era verdad. Los estudiantes reaccionaron mediante el video “131 estudiantes de la Ibero responden” en la plataforma YouTube, identificándose con su credencial. El video se viralizó, y convocó al apoyo de los estudiantes de gran cantidad de universidades en el país identificándose con el hashtag #YoSoy132 (Portillo, 2015).

El movimiento se identificó, entre otras cosas, por cuestionar la credibilidad de los medios de comunicación, particularmente de las empresas Televisa y Televisión Azteca. Portillo (2015) identifica en su análisis que las biografías de los participantes revelan una formación crítica, el acceso y apropiación de las tecnologías de comunicación, la posibilidad de estudios superiores, entre otras cosas. Tales características facilitaron el involucramiento y el reconocimiento de las causas abanderadas por el movimiento.

En México, el poder televisivo ha tenido una gran influencia, históricamente, en la elección de gobernantes. Los planteamientos de Fernández (1993) y Bohmann (1994) presentados al inicio del capítulo, revelan la cercanía del poder político y mediático durante todo el siglo XX, haciendo notar el gran poder de la televisión para legitimar, mediante la manipulación informativa, la permanencia del PRI en el poder. 

El movimiento #YoSoy132 reaccionó a esa inercia que amenazaba que los empresarios televisivos estaban echando a andar la vieja maquinaria que allanaría el camino del heredero del régimen para ocupar la silla presidencial –lo que finalmente pasó–. Aunque los términos de posverdad y fake news no existían en el vocabulario social de ese momento, lo que estaba siendo cuestionado, precisamente, era la nula transparencia de los intereses corporativos de los medios y la falta de democratización y escrutinio de los mismos.

  Otras experiencias de ciudadanía digital relacionadas con el combate a las noticias falsas están menos articuladas, pero no por ello carecen de importancia. Como lo plantean Padilla et al (2019), las plataformas digitales constituyen una promesa para la participación ciudadana, pero si no se acompaña de un proceso de apropiación crítica y alfabetización digital, se corre el riesgo de estar a merced de información de dudosa procedencia y calidad.

En ese sentido, el riesgo de mayor circulación de noticias falsas a través de las plataformas digitales se debe a la facilidad del anonimato y la viralización. Además, existen otras prácticas malintencionadas que inciden en la veracidad de los datos como la piratería, las actividades hackers, los sabotajes, entre otros. 

  1. El Estado frente a los ciudadanos y la violencia hacia los periodistas

En México existe un manto oscuro que se cierne sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. Se trata de la violencia contra periodistas que se expresa en 37 delitos cometidos constantemente en agravio de los informadores (FEADLE, 2021). Los delitos incluyen amenazas, agresiones físicas, secuestros, desapariciones y asesinatos. Más allá de los delitos en sí mismos, es la impunidad la que representa uno de los mayores problemas. 

La ineficacia en la impartición de justicia lleva a que los perpetradores permanezcan sin castigo; lo que hace parecer que en México se puede atentar contra los periodistas sin que existan consecuencias para los responsables. La afectación sobre la difusión de información verificada y legítima es evidente, pues el clima de hostilidad les obliga a callar. Los periodistas en México se autocensuran para proteger su vida.

La letalidad es real para los periodistas de todos los soportes mediáticos, desde los impresos hasta los digitales. Es particularmente peligroso ejercer el periodismo en las regiones dominadas por los cárteles del narcotráfico, alejadas de las metrópolis.

Sin embargo, es necesario examinar cómo estas condiciones afectan la veracidad de las noticias. La violencia contra informadores ha generado un efecto adverso que no es propiamente el de las noticias falsas, pero sí el del ocultamiento de información.

Además de la falla en la protección a periodistas, también está plenamente documentado que los agentes del Estado son quienes regularmente agreden a los periodistas. Nos referimos a policías, militares y funcionarios de diversos niveles que golpean, injurian o amenazan a los informadores; y en ciertos casos les fincan procesos judiciales con la finalidad de amedrentarlos y controlar el flujo informativo (Salazar, 2018, 2020).

Referencias Bibliográficas

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