- Desde hace muchos años, el presupuesto universitario ha visto cómo las erogaciones del Estado se alejan
- La pandemia ha sido, más bien, un punto de inflexión que muestra más descarnadamente lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo.
Universidad significa, al menos, dos cosas: actividades y personas. Para que tenga sentido hablar de institución universitaria debe haber una relación formal, normada, entre personas y actividades.
Para el ciudadano de a pie, el rasgo más resaltante (si no el único) de las universidades es que, en situaciones normales, allí “se dan clases”. Para quienes cohabitan en ellas, esta es una simplificación por demás extrema. En la universidad, por ley, también se investiga y se hace extensión. Y hay burocracia, de la buena, de esa que aceita las funciones, conductas y relaciones entre cohabitantes. Al menos este debería ser el caso.
Tanto para que “se den clases” como para cumplir las demás obligaciones contempladas legalmente, la universidad hace gastos. Todo gasto ordinario de una universidad pública debería estar expresado en partidas sobre las que el Estado hace erogaciones.
Desde hace muchos años, el presupuesto universitario ha visto cómo las erogaciones del Estado se alejan hacia un punto en el infinito. Desde hace muchos años, nos preguntamos cómo sucede que la universidad “se mantenga” funcionando.
No hablamos de la relación tensa entre solicitud y aprobación de presupuestos para una expedición al polo sur o para el mantenimiento global de las edificaciones existentes y la construcción de nuevas. Hablamos, por ejemplo, de aquel financiamiento a la Universidad de Oriente para la adquisición del primer microscopio electrónico que tuviera una institución universitaria en América Latina (microscopio que fue hecho añicos por el hampa el año pasado).
O, siendo más austeros, para que un profesor haga un doctorado en París o en Buenos Aires, un año sabático en Cataluña o asista a un congreso internacional, o, no lo olvidemos, para impermeabilizar un techo. Y, menos: para pagar la suscripción de revistas científicas o para dotar bibliotecas y laboratorios, o para reparar una tubería. Tampoco para comprar tinta y resmas de papel, marcadores y borradores o desinfectantes y escobas.
Desde hace tiempo, la cosa alcanza a las personas, ya no como agentes de la institución, sino en su vida desnuda: para el pago de salarios que cubran pasaje, mercado o gastos médicos. Y no se hable de la situación de los estudiantes, a quienes los presupuestos ya tocan asintóticamente: ¿cómo se transportan, comen, o cubren su alojamiento?
La universidad está dando clases. Y uno se pregunta, ¿quiénes son esos extraterrestres que permanecen allí, cómo y con qué operan?
La pandemia ha sido, más bien, un punto de inflexión que muestra más descarnadamente lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Y cómo nuestros extraterrestres siguen sucumbiendo al chantaje.
El año pasado, los efectos del decreto presidencial de suspensión total de actividades educativas en todos los niveles duraron poco. A finales de marzo, el Ministerio de Educación Universitaria empezaba a hacer llamados a clases “a distancia”. En abril, las primeras encuestas del MPPEU arrojaron una reincorporación que supuestamente rondaba 60 % de la matrícula estudiantil nacional y otro tanto de activación de instituciones universitarias. Incluso admitiendo la veracidad del número, nada dice el Ministerio sobre el otro 40 %.
Para hablar desde la otra acera, tomemos el caso de la Universidad Central de Venezuela.
El Consejo Universitario, los Consejos de Facultad y Escuela, todos, empezaron por anunciar que no estaban dadas las condiciones para volver a clases. Pero esto no duró mucho. El “Estado” seguía presionando y se sumaron las exigencias estudiantiles de prosecución; y en julio, casi súbitamente, la negativa anterior se quebró, y la educación a distancia comenzó a ser un punto de luz al que autoridades y consejeros empezaron a dirigir sus alas.
El Consejo Universitario ya había acogido los vagos y humanitarios lineamientos que, por su parte, el Vicerrectorado Académico recibió del Sistema de Educación a distancia de la UCV. Nada concreto sobre pautas y ajuste (si se quiere, temporal) de reglamentos. La cocción de la idea se aceleró y a finales de julio los diversos Consejos emitieron convocatorias de reincorporación a actividades a distancia.
¿Qué datos se tenían sobre la capacidad de una comunidad, ya gravemente precarizada, para emprender tareas a distancia? Entre los estudiantes, los sondeos informales sólo daban cuenta de 60 % de la población y, de ahí, 20 % manifestaban su incapacidad para emprender actividades a distancia. Por razones de magnitud y de inmanente organización, sí se tenían datos confiables sobre los docentes, con respuesta negativa del 30-40 %. No había datos sobre personal administrativo ni obrero.
Diversos consejeros emitieron la voz de alerta: la exclusión de quien “no puede” no era una opción, era inmoral, ilegal e inconstitucional. Pero no hubo eco en el resultado de las votaciones. “La exclusión es inevitable”, decía la representación estudiantil ante los consejos, sin calibrar la gravedad de la consecuencia; ya se generaba un producto de la decisión: un “nadie” carente de derechos, un excluido, como el homo saccer de Agamben, de quien poco a poco se fue dejando de hablar.
Entre docentes, también, aunque con instancias de defensa más orgánicos y menos masivos, como las Cátedras y los Departamentos, presionaba la exclusión. Las instancias más coherentes con la relación persona-institución, emitieron pronunciamientos orgánicos, deslastraron la decisión del componente de responsabilidad individual y se negaron a caminar hacia el vacío.
Enfrentados a la carpintería que la ejecución de la decisión conllevaba, los Consejos de Escuela se dieron a la tarea de hacer realidad la pesadilla. Hubo respuestas individuales y otras orgánicas: docentes que no podían asumir la tarea y Departamentos que la veían inviable por razones académicas.
Igualmente se alertó sobre las distorsiones sistémicas que generaría la decisión, que ya se vislumbraban en la oferta real de asignaturas que podrían ser cursadas ese semestre, en la diezmada matrícula definitiva, en el colapso de cupos y en las dificultades operativas que conllevaba una modalidad que todo el mundo veía como “mediada por tecnologías”. Pero la afirmación brincaba el muro y se oía: “La UCV está dando clases”. La presión interna y la externa se confundieron y el chantaje amalgamó la oposición entre “no abandonar la universidad” (interna) y “la universidad debe dar clases” (externa) sobre una superficie unilátera e indigesta: “Dar clases es resistir”.
¿Cómo pasaba esto? Y el enunciado “la universidad no se doblega”, ¿cómo quedaba? Veámoslo en términos de lo que planteamos al principio sobre la relación entre personas e institución universitaria, la función de las personas como agentes y la verificación de la institución en una regulación de relaciones.
No hubo validación de programas a distancia, pauta obligatoria del Reglamento de educación a distancia; es decir, no se verificó la adecuación de programas presenciales a la modalidad a distancia. La prosecución, ordenada en sistemas de prelaciones y en progresión semestral, se aplanó: no se activaron todas las materias obligatorias y no había suficientes cupos en las que sí lo hicieron.
Se inició una acumulación progresiva en la demanda, lo que empezó a generar un crecimiento de estudiantes “en cola” para cursar materias, y cuellos de botella que difícilmente podrán ser resueltos con la planta docente en pleno. La población excluida desapareció de las consideraciones: nunca se generó un plan de reinserción (menos un instrumento censal) que diera cuenta de quienes estaban en peor situación de vulnerabilidad, lo que consolidaba un criterio de justicia eugenésico en el que los “normales”, aquéllos para quienes se normaba y planificaba, eran los que sí podían asumir los “retos” de la educación a distancia.
Progresivamente, se lesionaba a docentes (ya aplastados por salarios miserables, falta de conectividad, obsolescencia de los equipos, multiplicación del trabajo que significa la modalidad a distancia, el costo de la conexión, etc.) y a trabajadores en general por la parálisis de contrataciones, renovaciones de contrato y de otros procedimientos de apoyo académico y administrativo, lo que asimismo dejaba caer sus estocadas en la población estudiantil. Por último, hoy por hoy no existe un instrumento de evaluación que permita dar cuenta de la calidad de los procesos y de los resultados. Y, hoy por hoy, las comunicaciones institucionales siguen haciendo agua al tener las redes sociales como único espacio de difusión.
Sí, la universidad pública autónoma está dando clases. ¡Resiste! Y no ver su ombligo es parte de esa misma resistencia.
