Si el ciudadano no puede contar con los datos, noticias y acciones institucionales que lo ayuden a participar libremente y a ejercer el derecho al voto informado se abre un espacio fértil a los rumores y bulos, a la difusión de contenidos manipulados o con falsos contextos.
La política parece un arte emotivo en donde la gente necesita creer en algo; y en una sociedad en la que se ha jugado a la antipolítica, ahora es más fácil creer en la mentira. Así la política queda a la intemperie, sin el arraigo de la confianza que construye consensos. La mentira le ha dado réditos al poder. Donde ella impera, sojuzga el miedo, y se amenazan las relaciones cooperativas. Ese efecto se palpa en el ambiente electoral, en donde la desinformación pasa a convertirse en un actor central.
En Venezuela hay muestras contundentes que implican a la desinformación como parte de la política gubernamental. De forma deliberada e intencional los actores maliciosos desinforman a las personas, meten ruido en el ecosistema comunicacional para impedir la conversación pública, se favorece la fragmentación, la polarización y se allana el camino al populismo que es siempre poco respetuoso de las reglas democráticas.
Los antecedentes más importantes que en esta era explican los efectos de la desinformación electoral reposan básicamente en eventos del año 2016: Estados Unidos eligió a Donald Trump como presidente y el Reino Unido abandonó la Unión Europea (Brexit); mientras tanto, en Colombia sorpresivamente se impuso el “No” en la consulta del plebiscito por la paz. De la estrategia dio cuenta el gerente de campaña del “No”, Luis Carlos Vélez, quien confesó que no se dedicaron a contrarrestar los argumentos del gobierno de Santos, les bastó centrarse en las emociones negativas del ciudadano. En esas tres decisiones democráticas las campañas de desinformación tuvieron su peso específico.
En este artículo se hace un breve inventario de los aspectos del proceso electoral que resultan afectados por el desorden informacional, cuyo correlato dispara contra la participación. Hay que leer este reporte con los pies en el contexto político venezolano, en el que desde hace mucho rato al que disiente o al adversario político se le señala como el enemigo a desterrar, al tiempo que se promociona lo que Jennifer McCoy llama polarización perniciosa, en desmedro de la democracia.
Aunque este corto reporte se refiere a la responsabilidad de las instituciones públicas, se advierte que en la desinformación trajina un elenco de amplificadores entre los que figuran los aspirantes a los cargos, los voceros de los partidos políticos, los líderes de opinión o los actuales influencers, los medios y los periodistas.
Corresponde a todos fortalecerse la educación en valores democráticos, que implica comprender la obligación de mantenerse informado para participar en la vida pública en clave ética.
¿Cuándo se requiere información electoral?
Siempre. La información electoral comprende un amplio rango de datos, noticias, y normas, etc., que acompaña al proceso electoral, definido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) como el conjunto de actos y actuaciones que en forma sucesiva debe desarrollar el CNE para garantizar el sufragio, la participación política y la soberanía popular, como fuente de la cual emanan los órganos del Poder Público.
Se insiste, la disposición oportuna de esa información es responsabilidad principalmente del CNE por ser el órgano de ejercicio del Poder Electoral. Aunque en clave desinformativa, tienen igual o más incidencia las acciones del Ejecutivo, del Tribunal Supremo de Justicia y de la Contraloría General de la República.
Al tratarse de un proceso que cuenta con diferentes etapas y en cada una de ellas puede surgir la desinformación, todas merecen atención precisa, de manera que la información se necesita incluso antes de que se convoque al proceso electoral. Aquí lo comprimimos a algunas etapas vitales:
a) convocatoria y cronograma electoral: el artículo 42 de la LOPRE establece que en el acto público de la convocatoria también se presente el cronograma electoral que contiene las etapas, actos y actuaciones que se deben cumplir en el proceso convocado.
En la práctica ha ocurrido varias veces que la convocatoria no parece iniciativa del CNE sino que éste se limita a cumplir la instrucción del Ejecutivo o, en su momento, de la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro. Esta acción en más de una ocasión ha sido razón suficiente para desconfiar de la autoridad electoral y alejar entonces a la gente del voto.
Respecto a la publicación del cronograma, en la elección de noviembre de 2021, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) documentó que algunas actividades habían empezado o finalizado antes de que cronograma se publicara.
El cronograma supone, por ejemplo, el diseño de la jornada especial de inscripción y actualización del Registro Electoral y la información oportuna sobre su duración y los sitios o puntos que se disponen por localidad.
Pero en el marco de las elecciones de 2021, la Red Electoral Ciudadana (REC, que agrupa a varias organizaciones civiles) denunció que la jornada tuvo lugar en medio de una profunda ausencia de información por parte del CNE, por lo que los ciudadanos desconocían los horarios de apertura y cierre de los centros, además de la escasa promoción del evento que motivara a nuevos votantes o para que la ciudadanía en general chequeara y actualizara sus datos. La MOE-UE se hizo eco de las denuncias sobre puntos que se instalaron en edificios gubernamentales o en zonas controladas por el partido de gobierno y otros tantos que no se instalaron en el lugar anunciado oficialmente.
b) postulaciones: es una de las etapas más complejas porque tiene tres fases que no son suficientemente informadas. Volviendo a la experiencia comicial de noviembre de 2021, se denunció la falta de transparencia respecto a candidatos rechazados. Y la MOE-UE expuso en su informe final que la posibilidad de intercambiar candidatos hasta 10 días antes del día de las elecciones beneficia a los partidos políticos, pero afecta negativamente al derecho de los votantes a tomar una decisión informada, esto debido a que esos cambios no se verán en la boleta electoral y tampoco se le advierte debidamente a la ciudadanía.
Se ha tratado de legitimar que en esta etapa se active el uso de la inconstitucional inhabilitación política que en sede administrativa aplica la Contraloría General de la República, cuya información al CNE llega tarde o nunca. Es esta una muestra lacerante de la instrumentalización de las instituciones del Estado al servicio del partido de gobierno, básicamente porque la mayoría de los inhabilitados son candidatos de la oposición o disidentes del partido del gobierno.
En las elecciones regionales y municipales de 2021, el arma se usó incluso luego de finalizada la jornada electoral. Se trató del caso de la disputa por la gobernación del Estado Barinas, elección que finalmente fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de reconocer como victorioso al candidato de la oposición. Alegó que el candidato ganador estaba inhabilitado por la Contraloría, acto que según informara a los medios el Rector electoral Roberto Picón, no había sido notificado al ente electoral. De todas formas, el Poder Electoral se limitó a obedecer.
En las postulaciones que se hicieron para la nueva elección, la Contraloría General actuó nuevamente inhabilitando a tres candidatos, incluyendo a Julio César Reyes que curiosamente se había postulado exitosamente para el evento de noviembre de 2021.
c) campaña electoral: en este tramo formalmente debería empezar la promoción de las candidaturas para captar el voto. La ranura de la desinformación se juega en varios planos, el más visible es el uso de los recursos, bienes y medios públicos para favorecer a las candidaturas oficialistas. Lo cual provoca un grosero desequilibrio entre los participantes.
Los voceros de esas candidaturas son funcionarios de alto nivel que al mismo tiempo ostentan cargos de dirección del partido de gobierno. Desde ese escenario, la acción se extiende a descontextualizar hechos o a promover mendacidad en contra de las candidaturas no alineadas el oficialismo.
d) El día de la elección: encontramos que la mayoría de los asuntos que interfieren se relaciona con la apertura de los centros, la constitución de las mesas, que depende de la llegada de los miembros de mesa, en cuyo pulso no faltan los llamados coordinadores de centro, los excesos de los funcionarios militares, los puntos rojos de control del voto afiliado al chavismo, etc. El reporte alcanza a los cambios no notificados del centro de votación o la mudanza inconsulta del elector a un centro distinto.
Está documentado que en la elección de 2021 muchos electores no conocían el tarjetón, tampoco contaban con información para emitir un voto distinto al voto entubado. Nunca sobra decir que esto va en detrimento de la calidad y transparencia de la elección.
También aparece el fantasma del voto vigilado que se enlaza con el bulo que incita a desconfiar del secreto del voto porque puede ser hackeado, bien porque la máquina lo permite o por el famoso cable submarino que manda los datos a Cuba.
La MOE-EU expresó que aunque la mayoría de interlocutores de partidos políticos y de la sociedad civil expresaron su confianza en el sistema de votación, pervive la extendida creencia popular de que el sistema no protege el secreto del voto y de que las autoridades pueden conocer la elección de los votantes. Lo cual nos lleva, otra vez, a denunciar el silencio del CNE, que abandonó la campaña por el voto secreto hace ya varios lustros.
No se puede dejar de mencionar el ruido que se arma por la hora de cierre de las mesas electorales, a pesar de que la LOPRE en su artículo 121 es clara al ordenar que ellas funcionen hasta las seis de la tarde, a menos que a esa hora haya electores en espera. La tensión suele coincidir con la operación remate del partido de gobierno.
e) proclamación y resultados finales discriminados: esta última se presta también para la desconfianza en resultados y por ausencia de una información final confiable. Cualquier investigación, así sea de naturaleza puramente académica, debe atravesar un pasaje lóbrego para tener datos consolidados que mostrar. Cosas tan sencillas como el número de candidatos, sus edades y género que se pueda cruzar con datos discriminados de los efectivamente electos, es información que debe estar disponible en la página oficial del CNE, en formatos accesibles y descargables.
