Recientemente en nuestro artículo Desinformación electoral y democracia dejamos establecido la importancia de la información en cada etapa del proceso electoral para atajar la desinformación que aleja al ciudadano del voto y adicionalmente fomenta la desconfianza en los organismos de gestión electoral, en los partidos políticos, en las organizaciones civiles y en un robusto etcétera que desgasta la musculatura democrática de la sociedad.
Un asunto en el que se debe insistir es el que está relacionado con la dimensión quizás más política de la desinformación, y con ello nos referimos a la desinformación que parte de las instituciones públicas y de las políticas públicas del gobierno. En el plano electoral, que es el que nos convoca en este artículo, interesa sumar el uso de la norma, que, por presencia o por ausencia, afecta al clima democrático. La norma, la ley y hasta la costumbre están llamadas a templar los procesos electorales para asegurar una competencia equilibrada y unas elecciones limpias.
Este año 2022 ha estado inquieto en materia política porque se avecina un bienio electoral (2024-2025) que puede transformar el orden de las cosas como las conocemos hasta hoy. Concentremos atención en el año 2024 en el que debe haber la elección presidencial, porque el actual período de Nicolás Maduro termina en enero de 2025, y según el artículo 231 de la Constitución de la República el ganador de la contienda presidencial (en 2024) debe tomar posesión el 10 de enero (de 2025).
En este contexto que presentamos, cobra importancia esa suerte de impasse entre los rectores del Poder Electoral Pedro Calzadilla y Enrique Márquez, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, del Consejo Nacional Electoral (CNE), que hubiera funcionado como una preciosa oportunidad para despejar dudas, atajar cualquier ánimo desinformativo y ejercer una pedagógica labor por y hacia la ciudadanía, pero no ocurrió así.
¿Qué dijeron uno y otro?
El Rector Márquez es interpelado por un periodista que le pregunta si en el CNE ya se ha tratado el tema de la elección presidencial de 2024 y si se ha considerado adelantar ese proceso. Él respondió que el tema no se ha tratado, que no había razón para adelantarla y opinó que esperaba que no ocurriera ese adelanto. De inmediato, el sitio oficial del CNE da cuenta de las declaraciones del Presidente del organismo, en una nota que titula: CNE no participa en debates de los actores políticos por lo que sus autoridades deben mantenerse al margen. En el desarrollo de la nota de prensa se cita como dicho por el Rector Calzadilla: “… Intervenir públicamente en las diatribas políticas pone en peligro el cumplimiento de la tarea a la que estamos obligados”. Y puntualiza: “Las opiniones públicas constantemente emitidas por el rector Márquez no solo son contrarias al compromiso que adquirimos con los principios de esta institución, sino que también ponen en riesgo la paz y el equilibrio alcanzado este año”.
¿Ese evento puede generar desinformación?, ¿por qué?
El impasse era susceptible de convertirse en un ejemplo de ejercicio de la libertad de expresión, de oportunidad a la discusión pública, de acceso a información que le interesa al colectivo electoral y de fomento de la cultura electoral. Sin embargo, provocó dudas en la ciudadanía, escozor en el oficialismo y un tratamiento más bien flojo en los medios de comunicación: todos en conjunto son sustanciosos ingredientes para la sopa desinformativa.
i) Lo primero que hay que advertir es que la sensación de seguridad y confianza en los procesos electorales debe partir y fomentarse principalmente desde el Poder Electoral, de modo que si hay una diatriba política que amenace esos valores, el primer llamado debe sonar desde ese ente.
Pareciera que la pregunta periodística respecto al adelanto de elecciones presidenciales, que provocó la declaración del Rector Márquez, pretendía contrastar a lo dicho en octubre por el mismo Nicolás Maduro, quien habló de elecciones antes de 2024. El ejercicio de independencia del Poder Electoral pudo zanjar el asunto aclarando que sólo este ente tiene la atribución constitucional y legal de fijar y convocar elecciones. No lo hizo en octubre, tampoco en noviembre.
ii) Otra cosa que pudo haberse explicado es que la derogada Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política preveía en su artículo 152 la obligación del CNE de fijar con 6 meses de anticipación por lo menos, y mediante convocatoria publicada en la Gaceta Oficial la fecha de las elecciones. Precisaba esa misma norma que la elección debía ocurrir un día domingo de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la finalización del período correspondiente. De allí el sano hábito de convocar elecciones cerca del fin del período de gobierno y conceder un tiempo para el cierre de cuentas, comisiones de enlace para la transmisión de mando, etc. Pero en la vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales no se fija un tiempo específico para la convocatoria, y sería bueno analizar y explicar las bondades o no de amarrar la fecha de elecciones en la ley.
iii) El Presidente del CNE no aclara porqué las declaraciones del Rector Márquez son contrarias a los principios de la institución y ponen en riesgo la paz y el equilibrio alcanzado este año. Expresar su sentir respecto al innecesario adelanto de elecciones no parece comprometer en nada la paz, pero, en cambio, siembra la duda ante un aparente ánimo de censura.
La ciudadanía informada puede afrontar la desinformación y es capaz de soportar diatribas de diferentes calibres si cuenta con una fuerte institucionalidad apta para el ejercicio del disenso y de la sana discusión pública. Lo contrario es proscribir la democracia.
