Derechos humanos socavados por la desinformación

El fenómeno de la desinformación y sus múltiples consecuencias ponen en jaque varios de los derechos contemplados en aquella histórica conquista de la ciudadanía con la que la Organización de Naciones Unidas marcó un hito en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, destacando las prioridades inherentes a los hombres y mujeres solo por existir sin distinciones. Los escenarios cambiantes del mundo amenazan las garantías del ejercicio de esos derechos y en esta oportunidad analizaremos los relacionados con la desinformación.

Desde el Observatorio Venezolano de Fake News  se ahonda sostenidamente en las vertientes que la desinformación implica. Desde lo netamente operativo: sus formas de operar, orígenes, características y consecuencias en los entornos comunicacionales. Hasta incluso abordar una reflexión más teórica, conceptual  y fenomenológica para comprender sus orígenes, trazar sus metamorfosis y contribuir en las propuestas para luchar contra sus notables y crecientes consecuencias en la sociedad de la información y la hiperconexión.

En ese sentido, la ONU propone que cualquier alternativa que busque contrarrestar la desinformación supone una respuesta basada en los derechos humanos, con un enfoque que facilite el acceso a la información, fomente la alfabetización digital y contenga un componente colaborativo con las empresas para canalizar el tránsito a soluciones efectivas. Para avanzar hacia esas propuestas, en esta parada hacemos una revisión de cómo algunos de los derechos fundamentales del hombre se ven acorralados por la desinformación.

Desinformar los derechos del hombre

Desde el ámbito periodístico se hacen esfuerzos por frenar, estudiar, caracterizar, desmontar y revertir los efectos de la desinformación, pero este es un fenómeno que disminuye el pleno disfrute de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, independientemente de su profesión, oficio y ubicación geográfica. La vulneración de las libertades se ve afectada por igual ya que impide acceso a información veraz, y en consecuencia, el desarrollo del conocimiento en distintas áreas del saber.

Si bien es un objeto de estudio neurálgico para la comunicación y el periodismo, la desinformación también constituye un fenómeno que requiere atención desde distintos ámbitos del quehacer humano. Raquel Seijas, de la Universidad de Málaga, desarrolló un estudio que revisa específicamente las soluciones europeas a la desinformación y su riesgo de impacto en los derechos fundamentales. 

Una de las aproximaciones que logra en esa iniciativa es reconocer que luchar contra la desinformación “es una carrera de fondo que difícilmente va a la velocidad de los avances tecnológicos y de consumo de noticias, pero es fundamental mantener la legalidad en las acciones para frenarla porque pueden

convertirse en justificación para limitar la libertad de expresión o la privacidad,  poniendo en peligro derechos humanos fundamentales”. 

Entonces, parece necesario entender que el esfuerzo por hacer frente a un fenómeno en crecimiento, debe concentrarse en una solución que no afecte ni disminuya otros ámbitos también tocados y transgredidos por la desinformación: prevenir la censura y evitar las limitaciones a la libertad de expresión.

¿Legalizar la lucha contra la desinformación?

Desde la Universidad de Texas, Estados Unidos, el Knight Center para periodismo en Latinoamérica ha avanzado en el mapeo de propuestas legislativas del mundo, y en especial de la región, en materia de desinformación. En sus esfuerzos por marcar la ruta de estas leyes que buscan regular los impactos de la desinformación, han desarrollado el proyecto LupaMundi, un mapa interactivo que reconoce instrumentos legales por países gracias a un método de caracterización que mide su alcance, lo que muestra cómo cada nación “lidia” con la desinformación. 

El estudio destaca como una de las consideraciones pertinentes que “muchos países se están esforzando por responder a la desinformación y sus impactos a través de sus sistemas legales”. Pero más específicamente, se refiere que “leyes en países como Nicaragua y Venezuela demuestran cómo legislar sobre lo que es o no discurso falso puede servir como herramienta de censura”. También se advierte que aunque América Latina no tiene leyes específicas que contemplen la desinformación, sí hay iniciativas innovadoras que abordan el fenómeno en su complejidad.

Específicamente en nuestra región, también se han revisado las gestiones gubernamentales. Chequeado.com explica los riesgos de las llamadas “leyes anti fake news” y detallan los avances que se han logrado en Latinoamérica al respecto. Destacan que “no existe la solución perfecta, pero organismos internacionales recomiendan, para no limitar derechos, que los Estados focalicen sus esfuerzos en la concientización y educación sobre este fenómeno”.

Derechos humanos acechados

Mientras se sigue librando en el mundo una batalla campal contra la desinformación, al tiempo que esta se tecnifica y adapta variaciones para expandir sus efectos negativos, desde el OVFN se sostiene el empeño por generar aportes y alternativas que mitiguen sus consecuencias en el entorno complejo venezolano.

Para eso, comenzamos por reconocer cuáles son los derechos humanos que, además de la libertad de expresión e información, se ven comprometidos por la acción de los bulos, silencios, omisiones, engaños y demás formas de operar de la desinformación. 

Iniciamos por revisar el deterioro del derecho a la salud, que no solo se vio claramente afectado en la reciente pandemia por COVID-19, cuando incluso la Organización Mundial de la Salud, emprendió una campaña para frenar y disminuir lo que determinó como “infoxicación”. La OMS fue enfática en señalar que “la información errada trunca vidas”, ya que la circulación de bulos fue determinante en el seguimiento, evolución y desenlace de muchos de los contagios de un virus que cambió al mundo en pleno siglo XXI.

Otro tipo de afectación a este derecho, lo expone Melany Garcés en su estudio sobre la salud sexual y reproductiva bajo el yugo de la desinformación en la que demuestra el yugo de la desinformación en el tema, junto a los mitos y sesgos con un análisis de la situación en la zona de Chapellín, Caracas.

El voto también es un derecho que se ve disminuido por la desinformación. En reiteradas oportunidades el Observatorio Venezolano de Fake News ha subrayado las campañas desinformativas que se generan en los entornos electorales venezolanos. La más reciente fue la presidencial del pasado mes de julio. No se trata solo de la falta de información, o bulos sobre una elección sino la imposibilidad de ejercer el derecho de elegir y participar en la vida política de manera íntegra, con las condiciones mínimas contempladas en diversos cuerpos legales.

Otro derecho fundamental amenazado por la desinformación es el derecho a la igualdad. Cuando se generan consecuencias de la desinformación marcadas por diferencias como el género se profundiza esa vulneración. En el OVFN también hemos reconocido una desproporción originada por grupos etarios al exponerse a espirales desinformativos. Así como las brechas signadas intencionalmente desde la desinformación para profundizar las diferencias de clases económicas.

Entre los derechos humanos también se garantiza el de salir y entrar de los países, circular con libertad. Pero en nuestra realidad migratoria reciente, no solo se siguen registrando aumentos en la diáspora sino en el fenómeno de desinformación que acompaña y limita ese proceso. Un ciudadano que no cuenta la información pertinente, exacta y oportuna sobre requisitos, legalidades y tiempos de movilidad se somete a una limitación en el ejercicio de este derecho.

Entonces, una mirada enfocada en proponer soluciones para combatir la desinformación debe contemplar la garantía del resto de los derechos fundamentales del hombre, además del que compete directamente al periodismo y la comunicación.