Ciudadanos vulnerados por la desinformación

En tiempos de hiperconexión, acceso a contenidos en tiempo real, incontables cantidades de plataformas para producción y difusión de información conviven con una política de opacidad, monopolización de la narrativa, silencios oficiales y persecución, amedrentamiento y censura, la víctima final es la ciudadanía y el ejercicio pleno de sus libertades.

Los ciudadanos mejor informados toman decisiones asertivas, y la calidad de esa información viene definida por varios factores. Se trata de conjugar los mecanismos y condiciones para acceder a contenidos, que a su vez responden a procesos rigurosos de generación y difusión con estándares vinculados con un ejercicio profesional del periodismo libre de censura. Sumado a esto se considera imprescindible también que los ciudadanos puedan acceder a informaciones provenientes de rendiciones de cuenta y transparencia de los procesos institucionales y sus representantes.

Si se revisa en detenimiento esa lista, encontramos en la práctica venezolana más falencias que aciertos. Lo que se traduce en un impedimento del ejercicio pleno de uno de los derechos del hombre y del ciudadano declarado por la Revolución Francesa en 1789 y que luego en 1948 fue recogido en el artículo 19 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas: libertad de expresión, recibir, acceder y difundir informaciones. El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, ha hecho un registro sistemático de las violaciones al ejercicio de esos derechos desde la censura hasta persecuciones personales y bloqueo en el acceso a plataformas digitales de información.

Venezuela sigue siendo un país en crisis. En muchas dimensiones y en escalas amplificadas: gobernabilidad, económica, social, alimenticia. Desde 2016 ha sido sistemática la denuncia de las precariedades en la calidad de vida de los venezolanos ante instancias internacionales y fue hasta 2019 cuando el Secretario General de la ONU y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) declararon una emergencia humanitaria compleja en Venezuela, instaló mecanismos de asistencia y cooperación, pero de emergencia se transformó en crisis y aún necesita múltiples soluciones. En este escenario donde abundan precariedades, el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información también resulta comprometido.

Ese es el escenario donde también se ha desarrollado con importante relevancia la desinformación. Un proceso global en ascenso pero que en nuestro entorno particular tiene características propias de un país convulso con especial interés del gobierno por controlar las informaciones y las narrativas del acontecer nacional.

Las formas de la desinformación

Entendemos que la desinformación va teniendo matices, aristas y formas de ser propiciada y también de frenarla. Nos corresponde desarrollar mecanismos que nos permitan caracterizarla para poder mitigar esos efectos negativos, a la vez de generar acciones que promuevan generar contenidos de calidad: verificados, veraces, plurales, pertinentes y confiables. La desinformación incluye, además de la difusión de contenidos falsos con intenciones específicas, la omisión de contenidos y la imposibilidad de acceder a informaciones de interés público.

Empezamos por mirar la forma de producción de contenidos en la denominada era de la información, donde cada vez tenemos más acceso a los mecanismos de acceso y difusión inmediatas de informaciones que no necesariamente son veraces, verificadas, pertinentes ni mucho menos reales, en un mundo con innovaciones tecnológicas en auge con procesos sofisticados y casi inmediatos de construcción de contenidos “ready to go”. Lo que queda confirmado con los resultados del estudio publicado en Consumo informativo y cultural en Venezuela de 2023, que arroja que 64% de los consultados se informa a través de videos cortos, y 74% con textos cortos como SMS, WhatsApp, Twitter (ahora X) o demás redes sociales.

Lo que implica la hiperconexión y el “acceso ilimitado” a contenidos incluye las bondades y los perjuicios que las innovaciones tecnológicas ponen a disposición de las audiencias. Sumando, claro, al franco deterioro de la estructura de medios informativos en el país.

La atomización de los contenidos también implica una variación en el consumo de informaciones de calidad, verificadas, que comporten los procesos rigurosos que demanda el periodismo y que, generalmente, se alejan de la complejidad del contexto al que pertenecen. Cada vez más la tendencia es producir “cápsulas” de contenidos fáciles y rápidos de difundir y también de consumir. Esto igualmente “despega” los contenidos de sus contextos generando una desvinculación de sus orígenes, causas y posibles consecuencias.

Desinformación, vacíos, manipulación, errores

En nuestro país la desinformación va desarrollando características propias a las circunstancias que nos atraviesan. Además de la reducción del ecosistema de medios independientes y privados, la creciente y abrumadora maquinaria de hegemonía comunicacional controlada por el gobierno, las restricciones en el acceso a la información, también se suma un indicador que se ha definido como “desiertos informativos” y tiene que ver con lugares urbanos o rurales que son invisibles en la agenda o cobertura mediática, no tienen cobertura informativa y por lo tanto sus habitantes no cuentan con acceso a noticias relacionadas con su entorno próximo.

El Instituto Prensa y Sociedad afirma que “la existencia de desiertos de noticias en Venezuela es el resultado de una estrategia sistemática y estructurada que desde el Estado se ha puesto en marcha para erosionar el ecosistema mediático”. La institución denunciaba para mediados de 2023 que el número de ciudadanos que viven en desiertos informativos ascendía a los siete millones.

Según el reporte anual de Ipys del año pasado, titulado En el Laberinto de la Censura, la intolerancia a la disidencia, la reducción del espacio cívico y el   control sobre el periodismo crítico siguen siendo amenazas constantes contra las libertades informativas en el país. El informe reporta 233 casos que comprendieron 349 vulneraciones a las garantías informativas de periodistas y medios de comunicación durante 2023, entre las clasificaciones que proponen en sus estudios.

Los silencios informativos también perjudican de manera negativa a la ciudadanía en sus capacidades de tomar decisiones y evaluar opciones. Entre muchos ejemplos de la política de opacidad informativa, una de las más delicadas que podemos destacar es la relacionada con la salud. La Organización Mundial de la Salud ha sido enfática en resaltar que “la información errada trunca vidas”. Podemos asumir que ocultar información también puede tener ese efecto. Como omitir la actualización de estadística y publicación de boletines, o “maquillar” datos en una pandemia.

Distintas investigaciones han revelado cómo operan las organizaciones gubernamentales y sus aliados para generar contenidos desinformativos que incluyen mentiras, descontextualizaciones, manipulaciones y hasta narrativas que logran posicionarse como tendencias por el andamiaje de un “ejército” digital dedicado al “ataque” de los adversarios políticos. Por ejemplo, la avanzada contra las primarias de la oposición el pasado año 2023.  

Se trata de unas alianzas entre figuras del gobierno, lo que Probox ha denominado “redes anónimas” y otras instancias mediáticas como perfiles redes sociales de medios informativos del sistema del gobierno, que hacen eco de contenidos creados, manipulados y falseados para desvirtuar los hechos noticiosos, distraer la atención de audiencias y posicionar temas que en ocasiones son ataques a la disidencia.

Derecho a la información

A pesar de los escenarios descritos, desde tratados internacionales hasta decretos y sentencias especiales abordan desde lo jurídico la necesidad de los ciudadanos de acceder a las informaciones y, así también, de difundirlas y opinar sobre ellas.

Ya revisamos las referencias internacionales que establecen la libertad de expresión y de información como derechos humanos. Desde el ordenamiento jurídico nacional, nos toca hacer referencia al artículo 57 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza la libertad de pensamiento y expresión así como prohíbe la censura, aunque en la práctica seamos testigos de hostigamiento, amedrentamiento y persecución de la voz disidente como los han documento distintas ONG y asociaciones civiles defensoras de derechos humanos como PROVEA, Espacio Público, Transparencia Venezuela, Medianálisis y el Ipys, entre otros.

Pero, así como existen instrumentos legales que garantizan esos derechos, en el régimen iniciado por Chávez en el 1999 y continuado por Maduro desde 2013 hasta ahora, también hemos sido testigos de la legislación tendente a limitar esos derechos con instrumentos que pretenden ser punitivos y cercar las acciones de los medios y sus funciones, incluyendo claro está a sus miembros. En el camino de la legislación, el gobierno también encontró un brazo para fortalecer su política desinformativa:  Raisa Uribarrí destaca la reforma hecha en 2010 a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en la que se “reestablece el carácter de interés público a las actividades de telecomunicaciones, por lo cual pasan a ser controladas por el Estado, y —además— se incluye a los contenidos dentro de sus potestades sancionatorias”. Agrega que también fue modificada la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, promulgada en 2004, para incluir en su ámbito de acción (y sanción) a los medios electrónicos. 

En estos 25 años la esfera mediática se ha transformado: el giro hacia la hegemonía comunicacional que responde a la gestión y políticas del gobierno de monopolizar la actividad mediática desde las instituciones de gobierno, hasta la reducción de la existencia de los medios independientes privados por razones tan variadas como restrictivas.

Además de los instrumentos legales, este régimen se ha encargada de fortalecer el ámbito de acción e incidencia parcial de las instituciones del Estado. El ente encargado de regular la acción de los medios es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), y de acuerdo con Urribarrí “se ha caracterizado por ser un organismo carente de independencia, que responde directamente al Ejecutivo. Este ha venido siendo adscrito a distintas dependencias (incluso a la vicepresidencia de la República) hasta llegar a depender, finalmente, del Ministerio de Comunicación e Información”.

Las marañas legales que alimentan la desinformación en el país y que vulneran la libertad de expresión se han tejido durante las más de dos décadas con decretos, disposiciones administrativas, resoluciones e incluso una polémica Ley contra el odio surgida en 2017 por una extinta Asamblea Nacional Constituyente.

Ecosistema de medios reducidos

Ha sido documentado, denunciado y estudiado el proceso de deterioro, reducción y precarización del sistema de medios de comunicación en el país. Cosa que resulta incompatible con la era de la información que nos tocó vivir en términos globales.

Marcelino Bisbal (2023), apunta en su texto Información y cultura: bienes públicos (en el libro Consumo informativo y cultural en Venezuela) que en el país “pasamos de una modalidad privatizada de medios, con escasa presencia de instancias públicas o gubernamentales, a un régimen de medios para-estatales-gubernamentales, cuya finalidad no es de interés y servicio público tal y como, teóricamente, se inspira la propia concepción democrática de la libertad de expresión, sino que obedece a la instauración del control social”.

En ese mismo estudio, Johanna Pérez Daza ofrece una interpretación sobre los datos arrojados por las formas de consumo de noticias de los venezolanos: más de 70% de los encuestados se conecta a Internet desde sus casas, y cuando se consultó sobre la forma de llegar a las web que visitan 47% lo hace desde la red social Facebook y 43% desde la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, que tal como indica la autora son plataformas de mensajería instantánea que “más que producir información directamente, permiten distribuir y difundir los contenidos que los usuarios comparten, por lo que prevalece la figura del intermediario”. 

En materia de circulación de bulos, ya el Observatorio Venezolano de Fake News ha venido advirtiendo que plataformas como WhatsApp son las predilectas para difundir, reenviar y construir informaciones falseadas.

El camino de la desinformación es una lucha desigual para la ciudadanía, ya que esta reducción de ofertas informativas no solo afecta el acceso inmediato a informaciones pertinentes y de calidad, sino que afecta la documentación que luego será consultada por generaciones futuras. Sobre lo que González y Navas (2016) en su trabajo de grado en la Universidad del Norte destacan que la “construcción de la memoria colectiva de un país, no es tarea de los historiadores únicamente, los periodistas por medio de su labor también contribuyen a la preservación de la memoria histórica”, pero si tenemos un escenario sin pluralidad de medios, o desequilibrio en las estructuras de los medios, esa historia y registro se escribe del mismo color, con la misma intención y bajo la línea de los mismos jefes. Todo esto abona el terreno de las omisiones de contenidos plurales que beneficien a las audiencias en su búsqueda de acceder a esos contenidos de calidad. También queda coartado, entonces, el registro que será consultado luego.

Queda así la ciudadanía vulnerada en su derecho humano a la información y a la libertad de expresión de muchas formas: con un sistema de medios reducido, coartado sin oferta plural ni libre acceso. Un aparataje estatal que construye contenidos tendentes a manipular, falsear y torcer verdades, un entorno de precario. También una hiperconexión de constantes bombardeos de informaciones encapsuladas carentes de contextos. La salida al laberinto es seguir buscando alternativas, vías de confirmas los contenidos, cultivar la alfabetización digital y, sobre todo, dudar.

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