La opacidad informativa vigente en Venezuela promueve la confusión ciudadana y le abre campo a maniobras como las de las candidaturas de la Oposición en el estado Miranda. El panorama mediático actual no facilita, sino que dificulta, la comprensión de la realidad nacional.
Con un panorama comunicacional cercenado, un entorno institucional adulterado, y envueltos en los folios electrónicos de las redes sociales como única alternativa desprovista de censura, las distorsiones interpretativas de una consulta como las elecciones regionales de Venezuela están destinadas a producir importantes raciones de equívocos y puntos ciegos.
Zonas de oscuridad que obran en detrimento de la comprensión general del marco político venezolano, de las decisiones soberanas de la ciudadanía y de cualquier idea aproximada al concepto de civismo y democracia.
La circunstancia forma parte del contexto histórico que nos ha tocado vivir: fracasadas las tentativas para una transición a la democracia del tiempo reciente, las facciones de la Oposición están en pugna, y el estado venezolano, colonizado por un credo fanático como el chavista, está negado a ejercer frente a la sociedad la intermediación transparente y honrada que le corresponde.
Las decisiones amañadas traen consigo efectos políticos añadidos. Al no estar vigente en Venezuela un pacto republicano, lo que se activa son los vaivenes de la imposición revolucionaria. Una terapéutica que será administrada con la severidad y dureza que aconsejen las circunstancias.
Las zancadillas administrativas en las consultas electorales de la hegemonía chavista conocieron niveles de intensidad muy altos en los tiempos de Tibisay Lucena. Hoy por hoy, si bien se desarrollan entre la cordialidad de los “policías buenos” de la directiva actual, está completamente vigente el interés de inhibir desarrollos políticos apreciables en los factores de la disidencia. En canalizar las tendencias. En fomentar la conducta de la ciudadanía hacia determinadas direcciones. En orientar políticamente las cosas.
Proscrito el objetivo del “fair play”, cada ciudadano interesado en votar y tomar decisiones conscientes tendrá que ver cómo se las arregla para dar con las teclas correctas y no asumir posiciones sobre supuestos inexistentes. Siempre será aconsejable hacer un uso fundamentado de las redes sociales, el único instrumento disponible en la población para no resignarnos a vivir con la luz apagada.
La matriz fraudulenta en la conducta de las actuales instituciones del chavismo tiene consecuencias graves en el ámbito de la comunicación como envoltorio natural de la cívica de una sociedad moderna. Entre un escamoteo administrativo y el otro, el chavismo va fundamentando su narrativa como movimiento hegemónico haciendo uso de haberes que ya no tiene, como el mandato popular.
La zancadilla administrativa de Miranda
El episodio de la renuncia de Carlos Ocariz a su candidatura a la gobernación del estado Miranda, al declinar a favor de su rival David Uzcátegui, concreta el ejemplo por excelencia de cuanto intentamos explicar.
Ocariz ha renunciado en el contexto del debate interno de las fuerzas que se oponen al chavismo, en las cuales existe un claro clamor unitario, declinando su aspiración a favor de Uzcátegui. Lo ha hecho bajo el supuesto de que una opción unitaria tendría posibilidades de derrotar al oficialista Héctor Rodríguez en esa entidad, como ocurriría en otra importante cantidad de estados y municipios del país si los acuerdos hubieran podido concretarse.
La directiva del Consejo Nacional Electoral ha decidido que los votos de Ocariz no podrán ser endosados a los de Uzcátegui –finalmente el único objetivo de utilidad que puede tener para Ocariz una decisión tan costosa–, apoyándose en razones reglamentarias. Razones que, como se ha señalado, cercenan el mandato de las leyes vigentes. El CNE no promueve el ejercicio del sufragio: cuando es necesario, como es el caso, lo inhibe.
En el bosque de elementos informativos e interpretativos que condicionan y anteceden cualquier consulta regional, muchos venezolanos desconocen que, de acuerdo a lo que el CNE ha resuelto, un voto por Ocariz no es un voto a favor de la disidencia: es un voto perdido.
La maniobra de las autoridades electorales, como es de suponer, ha encrespado aún más las malas voluntades de las facciones opositoras: Ocariz ha sido acusado de renunciar tardíamente y de manera deliberada a su candidatura, y que ha debido hacerlo antes, mientras Uzcátegui ha tenido que esforzarse en dar nuevas explicaciones para diferenciarse de sus competidores internos con el objeto de enviar mensajes claros a su electorado potencial.
El “efecto dominó” que eventualmente habría podido segregar el paso dado por Carlos Ocariz en función de su rival del campo democrático, no se reprodujo en el resto de los estados con exigencias unitarias. Ahí estaba el CNE para impedirlo.
Las instituciones del chavismo han hecho lo necesario para que el sacrificio de Ocariz se convierta, básicamente, en un acto fallido. Lo que acaba de ocurrir producirá importantes fracturas en la sociedad disidente del estado Miranda, uno de los bastiones tradicionales de la Oposición en este tiempo.
Uzcátegui, entre tanto, corre en campaña visto con enorme sospecha por densos sectores del país democrático, interpretado como un político oportunista, impulsado para dividir el voto opositor, obsesionado exclusivamente con llegar al escritorio de la gobernación independientemente de cualquier otra consideración vinculada a la calidad de la democracia o el secuestro de la soberanía popular. Por sí solas, las aguas parecen estabilizarse en función de los intereses de Héctor Rodríguez.
El proceso descrito transcurre en una sociedad de masas amordazada, en la cual circulan, sobre todo, los contenidos que al gobierno le interesan. El país nacional está obligado a seleccionar, grano por grano, las explicaciones orientadoras de algunas cuentas de periodistas, ciberactivistas y medios de comunicación alternativos que permitan a ciudadanos e interesados tomar las decisiones adecuadas.
El licuado solo le servirá de insumos a ciertos sectores sobre-informados de la clase media. Una parte importante de los ciudadanos sencillos, de trabajadores ordinarios, de empleados públicos y privados, de hijos de vecino que no forman parte del debate político, o no concurrirá a votar, o lo hará sin tener muy claro que los votos por Carlos Ocariz no son endosables a David Uzcátegui, y que tal circunstancia le ha hecho de nuevo al favor a Héctor Rodríguez.
