La desinformación en el caso Quero Navas
El Estado venezolano ocultó durante meses la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, fallecido en julio de 2025 en prisión por falta de atención médica. Autoridades emitieron falsos oficios asegurando que aún vivía, prolongando la agonía de su madre hasta que la presión forzó la verdad.
La tragedia de Víctor Hugo Quero Navas y su madre, Carmen Teresa Navas, puede ser analizada desde diferentes enfoques. Una arista a considerar es el sistema de opacidad y desinformación institucional sobre el estado de los reclusos como una herramienta de control político: la mordaza estructurada que se sirve de varias instancias del poder público como recurso de imposición de una realidad fingida.
Desde el ascenso de la Revolución Bolivariana en 1999, el sistema de prisión política en Venezuela ha empleado la negación de información sobre el estado de los disidentes detenidos como reprimenda a su entorno. Organizaciones como Foro Penal han documentado un patrón sistemático de «desapariciones forzadas de corta duración» y el uso de una «puerta giratoria» que excarcela a detenidos para aliviar la presión internacional mientras arresta a otros nuevos.
El patrón de desinformación suele actuar primero con el aislamiento informativo sobre el paradero y la salud de los prisioneros. Los casos más graves incluyen situaciones derivadas en el fallecimiento en custodia de Franklin Brito (2010), ocurrido tras huelgas de hambre respondidas con confinamiento psiquiátrico forzoso, el deceso del Capitán Rafael Acosta Arévalo (2019), torturado y fallecido a horas de ser presentado ante un juez, y el crimen de Fernando Albán, cuyo homicidio fue inicialmente calificado de suicidio por las autoridades. La cifra actual, de acuerdo con ONG’s, alcanza los 27 presos políticos muertos bajo custodia.
Víctor Hugo Quero Navas y la narrativa sistematizada de una falsedad
Víctor Hugo Quero Navas era un comerciante de 51 años, que fue detenido arbitrariamente el 1 de enero de 2025 cerca de Plaza Venezuela, en Caracas, presuntamente por agentes de la DGCIM, sin una orden judicial, sin identificación de los agentes actuantes y sin la notificación a sus familiares. Fue procesado por cargos de traición a la patria y terrorismo bajo la «Causa» MP-151328-2023, en la que se le mantuvo incomunicado y sin defensa privada.
Compañeros de celda en la cárcel El Rodeo I relataron que su salud se deterioró velozmente ante la falta de atención médica. Quero falleció, según acta, el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo por insuficiencia respiratoria. El 30 de julio de 2025, el Ministerio Penitenciario ordenó su entierro en una fosa común. Al dar a conocer su muerte, en mayo de 2026, alegó que el detenido no tenía familiares conocidos, ignorando que su madre lo buscaba diariamente.
Tres meses después del deceso, el 24 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo emitió un acta oficial asegurando a Carmen Navas que su hijo estaba vivo y recluido en El Rodeo I.
Los sucesos de enero de 2026 hicieron pensar en una solución de amnistía. Pero, bajo el manto de la mentira, se le negó a Quero Navas este beneficio, dicho así a sus familiares, quienes aún no estaban informados sobre su muerte. Bajo la simulación de que este aún vivía, se les notificó, el 6 de mayo de 2026, que no le correspondía la amnistía, tratándolo como un procesado activo, cuando llevaba diez meses bajo tierra.
Fue el 7 de mayo de 2026, tras la presión de 45 ONGs y el sistema interamericano de justicia, y a pocos días del día de las Madres, cuando se le notificó a Carmen Teresa Navas que su hijo había muerto. Ella presenció la exhumación el 8 de mayo y, tras 16 meses de búsqueda incansable, esta madre falleció el 17 de mayo de 2026.
Desinformación y desconfianza
La desinformación oficial se tradujo en mayor desconfianza en las instituciones. El Estado, más allá de la omisión de datos, replicó a través de sus instancias falsos oficios que creaban la ilusión de evidencias de vida, teniendo en la mira, posiblemente, correr la revelación de lo inevitable hasta más no poder o desmovilizar la denuncia.
En el caso de Quero Navas, incurre el Estado en la mentira política, descrita por pensadoras como Hannah Arendt: el objetivo de la mentira política total no es engañar sobre un hecho, sino destruir la capacidad ciudadana de distinguir lo real de lo ficticio.
La propaganda estatal intentó saturar el caso con etiquetas de «terrorismo», pero como advirtió el teórico Jean-Marie Domenach, la propaganda encuentra su límite en la saturación y el contraste con la evidencia física. El cerco informativo busca garantizar que estas ficciones institucionales prevalezcan sobre el derecho a la verdad. Pero la evidencia física, si queda expuesta, como en este caso, destruye las narrativas desinformantes.
El resultado de esta situación deja ver que al desinformar, algunas autoridades terminan por deteriorar la confianza del público en sus actuaciones, costo mínimo aún por la vulneración de Derechos Humanos e irrespeto al derecho a saber que tienen los ciudadanos sobre el estado de sus familiares detenidos, amparado en no pocos tratados internacionales, tales como el Pacto de San José, del cual se retiró Venezuela en 2013, bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
